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Nadie desea sacar al Presidente

Es curioso que precisamente el Secretario Jurídico de la Presidencia afirmara que “al Presidente no lo van a sacar a gorrazos” en la entrevista con Yamid Amat el domingo pasado.

Él sabe mejor que la mayoría de los colombianos que eso no es necesario mientras se mantenga la Constitución Política de Colombia, porque el Presidente tendrá que irse al finalizar su período, como lo han hecho respetuosamente los demás presidentes constitucionales de este país.
La Constitución, entre otras razones, es precisamente para que haya una transferencia ordenada del poder y para ponerle límites a la ambición de los políticos. Para tener que sacar a un presidente a cachuchazos se necesitaría que pretendiera permanecer en el poder después de su período constitucional.
Tiene que ser en referencia a esa posibilidad que Del Castillo hizo esa afirmación, pues en la misma entrevista sostuvo la tesis de que Uribe no puede decir si será candidato para 2010 sin que se apruebe el referendo, porque no tendría ninguna facultad para serlo. Por la misma razón, nadie tiene que pensar en sacarlo. Tiene que irse el 7 de agosto de 2010. Ahora, si se aprueba el referendo, y es reelegido, no lo tendrá que hacer hasta 2014.
La única ocasión para sacar al Presidente contra su voluntad sería si no se aprueba el referendo y él insistiera en permanecer en la Presidencia a la fuerza, o postularse como candidato en 2010. Entonces sí sería necesario exigirle que se vaya por incumplir la Constitución de 1991. Por eso es curioso que el asesor jurídico del Presidente traiga a cuenta esta situación, indeseable del todo.
Lamentablemente la declaración de que el Presidente no se deja sacar es parte del discurso reeleccionista y está en boca de otros militantes del uribismo que cuestionan la legitimidad de la Constitución. Dentro del oficialismo se debe haber discutido en consecuencia qué se haría si todo falla y Uribe no puede ser candidato en 2010. Es posible que haya un Plan Z para desconocer la Constitución. Es improbable que esto suceda, pero no es imposible y no sabemos con certeza cómo reaccionaría el país.
Jorge Orlando Melo, en un artículo excelente en El Tiempo del jueves pasado, advierte cómo se ha venido incrustando en nuestra sociedad un fascismo “ordinario”, de baja intensidad, que justifica la tortura, el paramilitarismo y la justicia privada como respuesta legítima a la violencia de izquierda.
Hace unos años nos llamaba la atención que amigos de otros países de la región no quisieran hablar de política por teléfono. Hoy no es raro que alguien suspenda una conversación diciendo “mejor no seguir discutiendo esto por celular”. Los empresarios temen expresar sus preferencias políticas en público para no correr el riesgo de represalias. Cuando se habla de desaparecidos o de los falsos positivos no falta quien interviene para decir que “algo deben haber hecho” las víctimas.
Ante las perspectivas de tener mayor seguridad y de “vivir tranquilos”, la libertad, el debido proceso, los derechos civiles y humanos, y las garantías que brinda una verdadera democracia han venido perdiendo valor para el grueso público. Como estos cambios han avanzado en diferencias apenas perceptibles, cuando la gente se dé cuenta de lo que ha perdido y el valor que tenía, será tarde para recuperarlo.

rhommesr@hotmail.com

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