En los últimos días hemos visto informaciones sobre el desarrollo de las concesiones del aeropuerto el Dorado y el Runt. En ellas hay similitudes: se presentan retrasos, fallas o ambos, en los compromisos adquiridos; al menos un miembro de las respectivas compañías, ha participado de forma activa en la promoción del referendo reeleccionista; los funcionarios públicos que han dado mayores plazos o accedido a modificar las condiciones iniciales de las concesiones responsables, dependen del Ministerio de Transporte. Todo esto sucede contra los recursos públicos, de los impuestos que usted y yo, amable lector, pagamos. Es posible que no haya ninguna irregularidad, no tengo elementos de juicio distintos a las noticias de prensa, pero sí hay cosas que generan suspicacias. Por ejemplo, Opain ganó la concesión en un concurso público con otras empresas y a la semana de haber sido otorgada, solicitó de forma pública las primeras modificaciones al contrato. Durante la ejecución del mismo, ha presentado retrasos en las obras a las cuales se comprometió y se supone que ello debería implicar el pago de algunas multas. Ahora el Gobierno de forma graciosa y generosa, accedió a cambios en las condiciones iníciales, contra un mayor plazo de la concesión. Los funcionarios encargados dicen que ello no implicará ningún costo fiscal, lo cual no es exacto, púes el aumento en el periodo de disfrute de la concesión, si es un costo fiscal, que no sale del presupuesto de este año, pero si en los de los años finales del periodo concesionado. En el caso del Runt, administrado por la firma “Promesa de Sociedad Futura” se trata de un sistema que estoy seguro va a mejorar la información y los trámites sobre los vehículos en Colombia, el problema es la forma como se ha implementado. A los ciudadanos nos informaron hace algunos meses que si no hacíamos los trámites en un plazo determinado utilizando el nuevo sistema, se nos aplicarían multas cuantiosas y que era una obligación cumplirlo. Cuando quedó claro que el sistema aún no funciona de forma adecuada, el Ministerio volvió a autorizar el sistema antiguo y le dio mayor plazo a la firma. Pero de multas o sanciones por el incumplimiento para ellos no se ha hablado. Esta actuación generosa y condescendiente de los funcionarios públicos se da frente a empresarios que han financiado y promovido la permanencia de sus superiores en el poder. Pero asumamos la buena fe de todos y digamos que los empresarios tienen razón y el desarrollo de las concesiones tenía tantos imprevistos, temas que fueron saliendo después de haber sido firmados los contratos; en ese caso estaríamos ante funcionarios públicos que no saben diseñar de forma adecuada los contratos de concesiones. Asumamos lo contrario, que las concesiones se hicieron en proceso público y transparente en el cual quienes pretendían participar pudieron solicitar durante meses, aclaraciones a sus dudas y ajustes a los pliegos. Si eso es así estamos ante empresarios honestos que no saben bien como calcular los riesgos de una concesión. Bien decía un político colombiano, por allá al inicio de este siglo, que cuando un gobierno busca su propia reelección todos sus actos deben ser vistos con sospecha. *Cifras y Conceptos ccaballero@cifrasyconceptos.com *Rotaremos este espacio entre distintos columnistas para dar cabida a una mayor variedad de opiniones.
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