Para aliviar la crisis económica y social que tiene dos años en la frontera con Venezuela, el presidente Uribe decretó una Emergencia Social tardía que tumbará la Corte Constitucional, al amparo de la cual ya tomó medidas que no solucionan los problemas de esas regiones. La Emergencia tendrá igual suerte que la de diciembre pasado para solucionar -con años de retraso- la crisis de la salud, porque no hay “hecho sobreviniente” que la justifique. No es una crisis nueva sino vieja, con problemas que no fueron enfrentados al originarse. Los municipios limítrofes con Venezuela sufren los altibajos de las malas relaciones diplomáticas y políticas entre los dos países por lo menos desde el 2005, cuando por primera vez Chávez congeló las relaciones con Colombia por el caso Granda. Después de la luna de miel, en que inclusive Uribe nombró a Chávez mediador para negociar con las Farc la liberación de secuestrados, vino el rompimiento en 2008 por el bombardeo a Raúl Reyes en Ecuador; luego hubo una reconciliación breve en Santo Domingo, con abrazo incluido, y hace un año otro rompimiento por la instalación de bases norteamericanas en nuestro país. Las relaciones comerciales prosperaron hasta 2008, cuando exportamos 6.000 millones de dólares a Venezuela, pero desde hace más de un año cayeron en picada, dañando la producción y el empleo en muchos sectores colombianos. Entonces los dirigentes empresariales fronterizos, en particular los de Cúcuta, le plantearon a Uribe tomar medidas para ayudar a sus regiones, pero no los atendió. Con estos antecedentes, la Corte reiterará su doctrina de que no hay base legal para la Emergencia porque no hay hechos sobrevinientes que la ameriten. La economía y vida social de la frontera con Venezuela están perturbadas desde hace varios años y para solucionarlas se necesitan medidas integrales, como mejorar la infraestructura vial comunicarnos al país vecino y con el interior de Colombia. Bajar el IVA de unos cuantos productos no es la solución. Sin usar las facultades extraordinarias que le da la Emergencia, Uribe está tomando otras medidas inútiles o equivocadas, cuando no perjudiciales para la economía. Es casi cantinflesco invitar a los colombianos a comprar en Cúcuta para ayudar a esa ciudad; ¿qué incentivo puede llevar a las fábricas de otras regiones a que despachen sus productos a esa ciudad y al resto de colombianos a que se movilicen por malas carreteras o hacer viajes aéreos costosos para comprar allá productos que hay en sus respectivas ciudades? Grave y sospechoso es el decreto ordinario que extendió a los 37 municipios limítrofes los privilegios para zonas francas que también se otorgaron a los departamentos de Putumayo, Nariño, Huila, Caquetá y Cauca, disque para responder al problema de las “pirámides”. Gracias al decreto 2695 en estos municipios, cualquier empresa que no sea minera o petrolera podrá gozar de las gabelas tributarias de las zonas francas con solo invertir un millón de dólares. La consecuencia inmediata de esta medida no será generar empleo sino, una especulación tremenda con el precio de la tierra para beneficio de sus propietarios afortunados, como sucedió en las regiones de la Ley Páez. ¿Será que hay intereses comerciales detrás de esta medida apresurada tomada solo una semana antes de terminar la era Uribe?
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