El gobierno volvió a presentar el proyecto funesto de reelección inmediata de alcaldes y gobernadores. Uno de los argumentos para sustentarlo es el principio de Igualdad: si el Presidente puede ser reelegido, también deberían reelegir a los mandatarios regionales. Por supuesto que el principio de Igualdad se debe respetar, pero volviendo a la Constitución del 91 y prohibiendo la reelección presidencial. Así todos los ciudadanos pueden aspirar a ser elegidos en iguales condiciones, sin competir con los mandatarios en ejercicio, que tienen el aparato estatal a su disposición. La reelección se planteó subjetiva y apasionadamente, porque el debate no fue sobre sus ventajas o desventajas, sino sobre reelegir o no al presidente Uribe. No era un debate institucional, sino personal. Hasta algunos de los defensores de la conveniencia del tercer período de Uribe reconocían en discusiones privadas que después de él se debería volver a prohibir la reelección en Colombia, porque no se sabía quién llegaría a la Presidencia ni cómo la usaría para ganar las elecciones. Ahora que los argumentos a favor o en contra no son en torno a una persona en particular, se ven con claridad los perjuicios que esta figura le causa a las instituciones democráticas en Colombia, que en la Constitución del 91 fueron diseñadas con la prohibición expresa de la reelección. Al cambiar el “articulito”, se rompió el equilibrio y control entre las ramas del poder público, arriesgando la autonomía de la Corte Constitucional, Fiscalía, Junta Directiva del Banco de la República, Contraloría y Procuraduría. La reelección también perjudica la gobernabilidad y la transparencia de cualquier gobierno. Lo dijo el mismo Uribe como candidato en el 2002: “La reelección inmediata no me convence, porque entonces se puede poner el gobierno a buscarla”. Basta imaginar el caos que crearían 1.000 Alcaldes, 32 Gobernadores y un Presidente dedicados todos -no a gobernar- sino a reelegirse. Para evitarlo, los candidatos a la Presidencia deberían firmar un compromiso de tramitar en el Congreso una reforma que prohíba la reelección. Como sí es cierto que un período presidencial de 4 años puede ser muy corto, la reforma podría extenderlo a 5 años. Lo que hace factible este pacto es que, por distintas razones, los 6 candidatos principales tendrían razones para firmarlo, o por lo menos para no oponerse: Germán Vargas, porque ya lanzó una propuesta similar; Rafael Pardo, porque la no reelección corresponde a los principios liberales y a retornar a la Constitución del 91, promovida por el partido; Petro, por esta última razón y porque se disminuiría el temor de la derecha a un gobierno de izquierda de un solo período; Mockus, por razones personales y porque comprometerse a un solo período abriría paso a las aspiraciones de Fajardo y los otros dos tenores. A Noemí le debería ser indiferente, dadas las posibilidades bajas del Partido Conservador de ganar la Presidencia. Santos, por su parte, sería el único que tendría razones para oponerse al pacto, pues defendió la reelección y no hay duda de que le gustaría reelegirse; pero ante la mayor claridad de perder en la segunda vuelta, le conviene más no tener que esperar otros ocho años para rearmar la colcha de retazos del partido de la U. mcabrera@cabreraybedoya.com
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