Hace 10 días escribí en mi columna de El Tiempo que la promesa presidencial al gremio hotelero de dar en concesión tramos de playa de Cartagena equivalía a una sutil e indirecta privatización de esos espacios. No soy enemigo radical de las concesiones razonables de espacios públicos a particulares que, por tiempo convenido y con el debido respeto a cláusulas impuestas desde la administración pública, se convierten en fuentes de ingreso reinvertibles en la calidad de vida de la ciudad. Un amigo politólogo de la Universidad de los Andes me escribió preocupado. Creía haber leído que cuando me quejaba del caos del comercio informal y del lamentable estado en que quedaban las playas ocupadas por multitudes populares, estaba ofreciendo argumentos para que el Gobierno y los gremios acabaran reglamentando la promesa de ceder en concesión estos preciosos espacios de disfrute público. Le repliqué que no. Que en mi artículo quedaba claro que esa no era excusa para adoptar esa sutil fórmula de cuasi privatización. Que lamentaba la ausencia de políticas sistemáticas de la administración local relativas a la educación de los estratos populares en el uso y mantenimiento de espacios que pertenecen a todos. Me quejaba de la pobrísima dotación de las playas en materia de aseo. Hago frecuentemente el recorrido: en Marbella no hay una sola caneca para depositar basuras y en casi un kilómetro de playa de Crespo sólo hay dos tanques recolectores puestos por un edificio de la zona. Pese a este último detalle, pocos usuarios se molestan en arrojar allí sus basuras. Los carperos que trabajan en estas zonas, que podrían ser eslabones de una cadena educativa, ni siquiera se inmutan cuando les dejan las hojas del tamal y los huesos del puerco a un metro de distancia, y rodando entre la espuma del oleaje las botellas y objetos de plástico contaminantes. No hay canecas pero tampoco hay sanitarios públicos. A la administración local le corresponde dotar esos lugares de condiciones higiénicas. Menos mal que los comerciantes están tomando conciencia de la necesidad de imponer orden en el ejercicio de su trabajo. Oponerse a las concesiones es uno de los primeros pasos para evitar que se hagan arreglos debajo de la mesa y sin concertar. Pero no debe hacerse solamente porque exista la amenaza de “privatización”, sino porque ellos son parte del problema y parte de la solución. De nada sirve que concierten políticas con la Administración si los ciudadanos que ocupan esas playas en festivos y vacaciones hacen con ellas un muladar. De allí la necesidad de campañas sistemáticas de educación desde todos los medios de comunicación, en los centros de enseñanza y en todo lugar visible de la ciudad. Los ciudadanos tienen derechos pero también tienen deberes. No existen sistemas de vigilancia efectivos ni autoridad permanente que haga presencia y convenza al ciudadano de que, como espacios públicos, las playas merecen ser cuidadas y respetada la convivencia entre los usuarios. Si no se crean estos sistemas pedagógicos, se seguirán dando argumentos a la tentación privatizadora. *Escritor salypicante@gmail.com
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