A propósito de falsos positivos

A raíz del descubrimiento de los hechos criminales que la ciudadanía bautizó como “falsos positivos”, muchas personas culpan de ello al gobierno presidido por el Dr. Álvaro Uribe Vélez. Conversando con un grupo de amigos, todos coincidimos en que los hechos descubiertos son de una gravedad alarmante. Sin embargo, yo considero que no se puede culpar a las altas esferas del gobierno, como el Presidente y sus ministros. Localizados los responsables, hay que sancionarlos de manera ejemplar. Inexplicablemente, hasta ahora, eso no ha ocurrido, por un tecnicismo jurídico denominado “vencimiento de términos”. Algunos de mis amigos insistían en la culpabilidad del alto gobierno por haber creado los estímulos mediante beneficios especiales, para aquellos miembros de las fuerzas armadas que, en cumplimiento de su deber, dieran muerte a enemigos, bien fueran ellos guerrilleros o paramilitares. Sostenían mis contertulios que, si miembros de la fuerza pública se veían en la necesidad de abatir a unos enemigos, eso constituía parte de su deber y, por lo tanto, no era necesario hacerlos objeto de recompensas en dinero, días de franquicia, u otra clase de beneficios. Ciertamente, en períodos de normalidad esa clase de estímulos eran desconocidos en Colombia. Pero, desde hace muchos años, nuestra situación de orden público dista mucho de ser normal. En la aplicación de la justicia se adoptó aquello de “sentencia anticipada”, rebaja de pena por colaboración, amén de “casa por cárcel”, permisos para salir a trabajar y otras situaciones parecidas. Indagando antecedentes en los que se recurre a estímulos especiales al personal de tropa, quiero remitirme a algunos casos específicos. De “La bolsa o la vida”, de Eduardo Lemaitre, tomo lo siguiente: El coronel José María Vezga, militar de muchos méritos, se vio envuelto en una de las tantas confrontaciones que vivió la patria después de la Independencia. El 4 de mayo de 1841 dictó un decreto, de cuya parte resolutiva obtengo lo siguiente: Convoca a filas a todo individuo mayor de doce años; concede a todos los inscritos seis horas de pillaje en cualquier sitio que se les oponga; los esclavos que se presenten a servir por un año, serán libres, pero eso no aplica a los esclavos cuyos dueños prestan su apoyo a la causa de Vezga, ofrece cuatrocientos pesos por la cabeza de un jefe enemigo. Esto es solamente una muestra superficial del decreto del 4 de mayo de 1841. De “Cartagena de Indias, relatos de la vida cotidiana y otras historias”, por Rafael Ballestas Morales, tomo del capítulo “La tozudez del disidente Bolívar”, las palabras de Don Pablo Morillo. Decreto “guerra a muerte” expedido en Trujillo, Venezuela, el 5 de junio de 1813: “como el objetivo principal de esta guerra es destruir en Venezuela la raza maldita de los españoles de Europa (…;), todos los españoles están excluidos de esta expedición, por buenos patriotas que parezcan, puesto que ninguno de ellos debe ser dejado vivo”. “Para tener derecho a una recompensa o a un grado, bastará presentar cierto número de cabezas de españoles de Europa o insulares de Canarias. El soldado que presente 20 cabezas será distinguido en actividad; 30 cabezas valdrán el grado de subteniente; 50 de capitán, etc., etc.” Por lo visto, la condenable práctica viene de atrás. *Asesor Portuario fhurtado@sprc.com.co