En columna anterior comenté sobre la necesidad inaplazable de acometer una reforma en el sistema electoral. El balance lánguido de los comicios del 14 de marzo ha dado pie para esta inquietud. La preocupación por un viraje en el estado de cosas se ve ahora recogida en una propuesta interesante de la candidata Noemí Sanín. Ha planteado que la bancada conservadora, que iniciará actividades el próximo 20 de julio, desde ya comience a elaborar los proyectos de ley requeridos para el cambio a fondo en el andamiaje electoral, y para darle un vuelco a la estructura de la tarea política y de la justicia. Considero que la propuesta de la líder conservadora es acertada. Con un aumento significativo de curules en las dos corporaciones legislativas, es hora de que el Partido Conservador abandere un proceso de rediseño de la organización electoral, del saneamiento de las costumbres políticas y en el funcionamiento del aparato judicial. Habiendo expresado con anterioridad mis puntos de vista sobre correcciones recomendables en el armazón electoral, tanto en lo sustantivo como en lo procedimental, me detengo hoy en lo que reza con una reforma política y un nuevo esquema para el funcionamiento de la justicia. Sobre el primero de los asuntos indicados, mucho se ha reclamado y no han sido pocos los intentos de modificación de instituciones que tienen que ver con la actuación política. Pero, como se dice en términos coloquiales, siempre ha faltado el centavo de cierre. Se impone, si se desea oxigenar el ámbito político, pasar por pantalla el entramado que aparece contaminado por formas incorrectas de actuar. En forma enunciativa, se podrían mencionar el ajuste en las calidades mínimas exigibles para ser congresista o el riguroso control de las financiaciones de las campañas electorales. No menos complejo es el reto del funcionamiento cumplido de la justicia. Se está necesitando una cirugía alta, que sólo se podría hacer en virtud de una voluntad política resuelta, tanto del Gobierno que se iniciará en agosto próximo, como en los medios parlamentarios. En primer término, y en esto encuentro oportuna la petición de la candidata Sanín Posada, el conservatismo debería asumir la conducción del proceso de ajustes institucionales que se requiere. Si esta agrupación política plantea una renovación en muchas de las estructuras del Estado colombiano, es el momento para comenzar a comprobarlo con hechos. En este caso, serían las reformas pertinentes de orden constitucional y legal. Soy de los colombianos que considera que Colombia vive un buen cuarto de hora. Es notorio el afianzamiento institucional y la estabilidad política y jurídica, a lo cual se agregan las perspectivas económicas favorables. Este buen clima de progreso se acentuará, en la medida que desaparezcan lunares serios en el trajín democrático y se haga un saneamiento en muchas de las costumbres políticas. Es tranquilizador que nuestro país ofrezca un abanico de aspirantes a la primera magistratura de la nación, varios de los cuales muestran una calificación profesional positiva, un conocimiento adecuado de las necesidades del país y una buena acumulación de experiencia. *Abogado Consultor en Minas e Hidrocarburos. marcan2@etb.net.co
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