El recorte de la tasa de interés del Banco de la República fue acogido bien por la mayoría de la gente, aunque algunos economistas y ejecutivos del sector financiero expresaron temores en privado de que tasas reales de interés tan reducidas pueden promover una inflación de activos e inducir una burbuja de precios de finca raíz, si reacciona la demanda de vivienda más que la oferta y hay un aumento indeseable en los precios de finca raíz. La medida adoptada confirma la gran preocupación de su Junta por el bajo crecimiento de la economía a corto plazo y posiblemente por el aumento del desempleo, que en septiembre ya se acercaba al 13 por ciento (los expertos encuestados por Semana, No. 1438, pronostican desempleo alto, hasta de 14 por ciento, en 2010). Entre los argumentos para explicar la medida se destacó la caída de la economía venezolana y las trabas al comercio de ese país, que han provocado una precipitada caída de las exportaciones colombianas agrícolas, industriales y ganaderas. El modesto desempeño de la economía de los Estados Unidos tampoco contribuyó al crecimiento de estos sectores. Se espera que este año disminuya el producto de la industria, la agricultura, el comercio y el transporte, algunos de los sectores más importantes de la economía colombiana, y que caigan el consumo privado, demanda interna, exportaciones y hasta importaciones. Los bancos sufren por insuficiente demanda de crédito y se prevé que baje la inversión. Todo esto motivó al Banco a bajar sus tasas de interés. Pero el Gobierno no parece haberse percatado y anuncia un aumento de los impuestos por decreto, valiéndose de la emergencia social que ha invocado. No saca nada el Banco reduciendo tasas de interés y tratando de defender la tasa de cambio si el Gobierno coadyuva a una mayor desaceleración del consumo y probablemente a una caída de la inversión, actuando descoordinadamente y con el argumento de que la delicada situación financiera del sector salud es un hecho sobreviniente. Mal puede serlo si la situación es conocida de tiempo atrás. Muchos de los problemas que afectan a las EPS e IPS son viejos, algunos de ellos causados por un manejo inexplicable del FOSIGA, por el descuadre cada vez mayor entre las obligaciones y los recursos del sector, por fraude de los usuarios y por falta de previsión oficial, por no actuar a tiempo para financiar el No Pos que pagan los departamentos a la fuerza y sin tener de dónde. Estos problemas y las soluciones deberían haberse llevado al Congreso para dotar al ejecutivo de recursos para financiarlos. Si el Gobierno tiene las mayorías para cambiar la Constitución a pupitrazos, ¿cómo no va a poder hacer aprobar las leyes que necesita para resolver esta situación? En lugar de invocar la emergencia y de imponer impuestos por decreto, puede convocar a la Casa de Nariño a su bancada, como tantas otras veces por razones menos justificables, y ordenarles a sus legisladores que aprueben las medidas. Así, por lo menos se respetaría la forma, aunque el resultado sea el mismo, y no se contradice la política de “confianza inversionista”. Los inversionistas extranjeros que han sido atraídos por esta política se preguntan ahora qué confianza puede haber en un país en donde el Presidente cambia la Constitución a su antojo e impone impuestos por decreto. rhommesr@hotmail.com
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