La Carta Política del 91 ratificó la propiedad estatal del subsuelo, en sus artículos 101, al determinar los componentes del territorio nacional, y 332, que señala: “El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables.” En el artículo 360 se establecen las regalías en favor del Estado por la explotación de un recurso natural no renovable y se señalan los entes territoriales beneficiarios en la distribución de este ingreso fiscal, y en el 361 se le dio vida al Fondo Nacional de Regalías. El desarrollo legal y reglamentario de las anteriores disposiciones constitucionales, hizo posible que se consagrara una feria auténtica de dineros. Los destinos prioritarios de tales contribuciones fiscales para educación, salud, saneamiento básico, infraestructura y fomento de la minería, se sustituyeron por un abanico de inversiones y gastos, donde la carencia de capacidad administrativa y los manejos corruptos han desvirtuado la razón de ser de los aportes que hacen los empresarios formales del sector minero y energético. Y no hablamos de cifras de poca monta. Los cálculos oficiales hablan de $7.487 millones como ingreso por regalías en el año 2010. La experiencia nefasta en un asunto público de tanta significación, llevó al gobierno Santos Calderón a plantear un giro de ciento ochenta grados en la administración de esta renta fiscal. La inequidad en la asignación territorial de estos ingresos es una de las motivaciones de la reforma constitucional propuesta. El 95% de las regalías causadas en el lapso 1994-2009, por valor cercano a los $42,2 billones, ingresó a los fiscos de 17 departamentos y 60 municipios. Hay situaciones casi aberrantes, como es el hecho de recibir Casanare, con una población de menos del 1% del total , el 24% de las regalías; y el Meta, con el 2% de la población colombiana, recibe el 12% de tal renta fiscal. La propuesta gubernamental, para convertir este ingreso fiscal en una herramienta que equilibre el desarrollo regional, permita ahorrar en épocas de auge minero y energético, y propicie el avance en ciencia, tecnología e innovación, contempla la creación del Sistema General de Regalías y del Fondo de Ahorro y Estabilización, así como de los Fondos de Competitividad Regional, de Compensación Regional y de Desarrollo Regional, así como la utilización del 10% del ingreso fiscal aludido para los campos científico y tecnológico. No será fácil desmontar el despilfarro y el desequilibrio en el empleo de estos ingresos. Es una batalla política que amerita el respaldo de la opinión ciudadana. Frente al mejoramiento paulatino de la minería y la industria del petróleo y gas, con expectativas todavía no calificables como “bonanza”, se impone una regla fiscal, como la diseñó la administración Uribe Vélez, y el reordenamiento de las regalías, sumadas a transferencias, dividendos y otras participaciones, porque la intensificación de la actividad exploratoria y los nuevos desarrollos en la parte productiva minera y energética, permiten presagiar un incremento de los recursos presupuestales para el Estado colombiano. Es una prosperidad previsible que, al ir consolidándose, habrá de favorecer a todas las provincias y comunidades del país. *Abogado Consultor en Minas e Hidrocarburos. marcan2@etb.net.co
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