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Réquiem a la emergencia

La Emergencia Social, ese esperpento del Gobierno producto de la improvisación y el autoritarismo, está punto de fenecer. La ponencia del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Iván Palacio, señala en su análisis que no existen los hechos sobrevivientes que invocaron los consejeros del Gobierno para sustentar los decretos que justificarán la emergencia. Además considera que la propuesta no es estructural.

Si bien es cierto que debemos esperar la sentencia de la Corte en pleno, todos los análisis hechos al citado decreto anuncian que la Emergencia Social sería declarada inexequible. La crisis del sistema de salud presentó falencias desde el mismo momento en que se aprobó la Ley 100, norma que permitió la proliferación de una serie de intermediarios que con el ánimo de lucro surgieron de la misma. El presidente Uribe, en estos dos períodos, fue ciego y sordo y no frenó los desafueros que ocasionaron finalmente la crisis en el sistema.
Nunca prestó atención a las observaciones que las Academias de Medicina, los gremios médicos y los pacientes ofrecieron para corregir tales falencias. Propuestas que algunos considerábamos que el mandatario Uribe no aceptaría, como en efecto ocurrió, en razón a que él fue el promotor de la Ley 100.
No hay que olvidar que la Ley 100 pretendía llegar a una cobertura universal con dos terceras partes de la población afiliada al régimen contributivo y una tercera parte en el régimen subsidiado, pero ocurrió lo contrario. Nadie esperaba que el régimen subsidiado creciera exponencialmente, sin conservar una relación económicamente sostenible con el régimen contributivo. Ese fue el origen del problema, el crecimiento del empleo formal; eran proyecciones basadas en que el empleo formal aguantaría el crecimiento de los trabajadores informales, crecimiento que en realidad tampoco se consiguió debido a las reformas de flexibilización laboral.
De contera la Ley 100 generó fue una serie de intermediarios que se beneficiaron con los dineros del erario. El panorama es desconcertante en atención a los enfermos con los hospitales públicos cerrados y en contraste, intermediarios opulentos en una nueva versión de “pirámides de la salud”.
Afortunadamente ya terminan estos 8 años del mandatario y ahora es posible cambiar dicho esperpento, si a la Casa de Nariño llega un mandatario con un criterio social que desee solucionar los problemas y no ignorarlos.
El magistrado Palacio señala en su ponencia la inconstitucionalidad del Decreto 4975 de 2009, en que se sustenta la emergencia. Según el ponente, inyectarle dinero al sistema, tal como se encuentra, sería depositar recursos en un saco roto.
En resumen la Emergencia Social del presidente Uribe, con su desconocimiento de los medicamentos no POS, la proclive intención de que los enfermos usaran las cesantías para pagar su salud, las medidas autoritarias contra los médicos que castraban su criterio científico, y la sometieran al interés de los intermediarios, está a punto de recibir el Réquiem in pace.

*Médico Cardiólogo. Ex Director de El Universal. Académico de Número de la Academia Nacional de Medicina, de la de Cartagena y de la de Historia.

MOROND@telecom.com.co

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