El Presidente Uribe arribó a Bariloche con dos objetivos muy precisos: explicar el alcance del acuerdo de cooperación militar con los Estados Unidos, pero siempre haciendo énfasis en que es un convenio de carácter bilateral, que ya está cerrado y que no tiene reversa; y el propósito firme de discutir el tráfico ilegal de armas, el terrorismo y la no injerencia de otros países en nuestros asuntos internos. La declaración final de la cumbre no rechazó el acuerdo militar entre Colombia y los EE.UU., al tiempo que condenó los flagelos y las injerencias que preocupan a nuestro país, lo que permitiría decir que el Estado colombiano cumplió sus metas. Pero es imposible negar que aunque al presidente Uribe le asistía la razón en la mayor parte de sus planteamientos, sin embargo estuvo solo y aislado. Los mandatarios no hicieron eco de sus afirmaciones, ni tampoco respaldaron su exposición; unos por cercanía con el Presidente Chávez, otros por neutralidad calculada. El ambiente fue tenso, hostil y en ocasiones adverso a los intereses colombianos. Más allá de las discusiones coyunturales que se dieron en la cumbre de UNASUR, atenuantes de las prevenciones de los vecinos alrededor del acuerdo militar con los EE.UU., lo que más preocupa es el aislamiento regional de Colombia. Debe iniciarse una ofensiva diplomática que tenga como ejes, el rechazo a la denominada legítima defensa preventiva y el respeto absoluto al principio de soberanía entre Estados. Colombia debe explicar que no realizará operaciones militares transfronterizas sin el consentimiento de sus vecinos, para capturar o dar de baja a subversivos que se esconden en territorio extranjero; reconocer que en el derecho internacional no es la potencialidad de un ataque enemigo lo que activa la legítima defensa, sino la agresión actual e inminente o “uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de un Estado” (Resolución 3314 de 1974 ONU); y entender que la legítima defensa no es un mecanismo previsto en el derecho internacional para anticiparse a la agresión, sino para ponerle fin a ésta y contrarrestar sus efectos. Dejar en claro que no se comparte la legítima defensa preventiva neutralizaría los esfuerzos del Presidente Correa por mostrarnos como un país que no tiene recato en violar la soberanía de otro para poner fin a su conflicto interno. Correa, una y otra vez recuerda el bombardeo a “Raúl Reyes”, porque sabe de los réditos enormes que obtiene con ello en los escenarios diplomáticos. Asimismo, la ofensiva diplomática debe resaltar la importancia del respeto de la soberanía, lo que debe traducirse en la no intervención en los asuntos internos de los Estados. Debe resaltarse que a la luz de las normas internacionales no están permitidas “la financiación o la instigación de actividades armadas encaminadas a intervenir en las luchas interiores de otro Estado” (Resolución 2625 ONU). Así, el continente tomará conciencia de lo equivocado que esta Chávez y se distanciará de sus actuaciones. Con la artillería diplomática, ahora en silencio preocupante, podemos pasar de ser una nación incomprendida a tener aliados valiosos en la región. Valdría la pena explorar este camino. *Abogado y periodista tiradojorge@hotmail.com
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