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Restitución de tierras, y más

El proyecto de ley presentado por el gobierno sobre restitución de tierras es uno de los más importantes que debatirá el Congreso Nacional en esta legislatura.

Su justificación está sustentada en la “exposición de motivos”, que puede considerarse como un documento político sobresaliente, concebido desde el poder, comparable acaso con los que se escribieron en 1936 en el gobierno de López Pumarejo, cuando se incorporó en nuestra Constitución el concepto de función social de la propiedad, con la participación luminosa del maestro Darío Echandía, tildado entonces de comunista o de marxista “peligroso”.
Tal vez, al doctor Juan Camilo Restrepo, quien presentó la iniciativa a nombre del Gobierno, le endilguen calificativos semejantes. Si ello ocurre, será desde la derecha extrema, a la cual, afortunadamente, no ha pertenecido -ni pertenece- el Ministro. Porque no dudamos en afirmar que la ley, de aprobarse, significará un hito en la historia de la justicia reparativa frente al despojo de tierras de que fueron víctimas más de setecientas mil familias campesinas durante las dos últimas décadas.
“El despojo”, reza la exposición de motivos, “asumió varias modalidades, desde las compras forzadas a menor valor hasta el destierro, la usurpación física de la posesión y destrucción de las viviendas y cercas que delimitaban los predios. El despojo de tierras fue legalizado, muchas veces, con transferencias forzadas, con la participación de notarios y registradores, y el rastro de los despojadores fue borrado por testaferros y múltiples traspasos a terceros de aparente buena fe.
“Otras veces, el despojo afectó derechos de tenencia y posesión, interrumpiendo el término de prescripción y terceros obtuvieron títulos de adjudicación o titularon por vía judicial a su favor. En ocasiones, el Incora o el Incoder, declararon caducados los títulos de beneficiarios de reforma agraria cuando se desplazaron y readjudicaron las parcelas a otras personas. Otras veces, el Igac englobó los predios despojados en otro mayor, alterando el catastro para desaparecer la cédula catastral de los despojados”.
Valga la transcripción, para justificar las medidas del proyecto, que restituirá a campesinos desplazados, entre tres y cinco millones de hectáreas que fueron objeto de despojo durante la época tenebrosa del paramilitarismo.
La restitución de tierras, sin embargo, debe complementarse con otras medidas que le garanticen a ese campesino desplazado, su regreso en mejores condiciones que las que tenía cuando las poesía pacíficamente; esto es, con el suficiente apoyo estatal que le permita aprovechar mejor ese recurso; y con el fin, además, de poder superar su marginamiento y acceder a una mejor calidad de vida.
No solo debe pensarse, entonces, en restablecerlo a su anterior condición de propietario, sino de obtener que la tierra restituida se convierta en factor de producción importante, y, para ello, deberá ofrecérsele una asistencia técnica permanente por parte del Estado. Se podría asignar, incluso, a un ente descentralizado, la función de poner en ejecución ese propósito específico.
Iniciativas como la comentada nos hacen pensar que el gobierno del presidente Santos anda por buen camino.

*Ex congresista, ex ministro, ex embajador.

edmundolópez@hotmail.com

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