Tengo buena opinión sobre el secretario del Interior de Córdoba, Jairo López Covo. He sabido apreciar su talante conciliador, y, por tener ese concepto, no existe una sola razón para que este artículo sea visto con malos ojos por él. Valga la introducción para decir que su declaración en los diarios El Universal y El Meridiano, en el sentido de que no es amigo del desarme en Córdoba, y que, contrariamente, “los ciudadanos de bien del Departamento, donde la situación de orden público es tan delicada, no pueden ser desarmados”, no fue afortunada. Según los mencionados periódicos, el funcionario le planteará al presidente de la República, durante el Consejo de Seguridad que se realizará hoy domingo, cuando escribo esta nota, en la Brigada del Ejército, que Córdoba quede por fuera de la iniciativa que se viene promoviendo de prohibir el porte de armas durante un mes. Aparentemente, esa posición del secretario del Interior encierra una crítica dura contra la política de seguridad democrática, y obedecería a la muy grave situación en Córdoba (van más de quinientos muertos por acción de la violencia en su territorio en lo que va corrido del año). Además, según López Covo, aplicar la medida “en el mes de diciembre, cuando hay tanto flujo de dinero en el comercio y cuando las personas que tienen fincas se van a descansar a ellas”, sería altamente inconveniente o perjudicial…; Intuimos que la respuesta presidencial no será la de acoger las sugerencias del funcionario cordobés, sino, seguramente, impartir instrucciones para que el Ejército, la Policía y las fuerzas de seguridad actúen con mayor rigor para contrarrestar la ola de violencia que ha cobrado tan crecido número de víctimas en el departamento de Córdoba; solo superadas por las cifras aterradoras de las épocas en que estuvo el mismo territorio bajo el dominio “de los señores de la guerra”. Si la desmovilización de los paramilitares, significó, precisamente la entrega de armas, permitir su porte, así sea como mecanismo de defensa y con el pretexto de que nuevamente la inseguridad golpea a los cordobeses, es tomar el camino equivocado, en cuanto a que, por esa vía, se podría abrir paso al resurgimiento de fuerzas irregulares. Seguramente la petición del secretario del Interior está inspirada en la buena fe y en el temor de que nuevamente la gente de bien no pueda tener suficientes garantías para ejercer sus derechos fundamentales, entre ellos, el de la libertad de movilización. Con todo, y conociendo como creemos conocer al presidente Uribe, para él puede convertirse en punto de honor que en un departamento como el de Córdoba - tan cercano a sus afectos-, la política de seguridad democrática pueda colapsar. Que el Secretario del Interior cordobés haya pedido que no se le prohíba usar armas a sus coterráneos, ha debido llamar la atención no solamente del señor presidente de la República, sino de los altos mandos militares, y es de esperar que en el Consejo de Seguridad de Montería salgan las medidas pertinentes para superar las angustias y temores de una sociedad nuevamente amenazada. *Ex congresista, ex ministro, ex embajador edmundolopezg@hotmail.com
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