Sociedad y corrupción (I)

Si queremos combatir con eficacia la corrupción -cuyos costes económicos y sociales son inconmensurables-, la sociedad misma debe ponerse a la vanguardia de esa lucha, porque su indiferencia, tolerancia o permisividad, ha servido de caldo de cultivo o de “ambiente propicio para la aparición de algo perjudicial” (según precisiones de nuestro idioma), y entrar a considerar, además, que se encuentra involucrada, con una gran cuota de responsabilidad de muchos de sus integrantes, ya como autores o ya como cómplices de actividades corruptas tanto en el sector público como en el sector privado. Con claridad -y gran coherencia-, vimos desarrollados esos conceptos en la entrevista que concedió el ministro de la magistratura mexicana, doctor José Ramón Cossío, a la revista Newsweek de agosto pasado, en la cual analizó el fenómeno de la corrupción en su país, con una visión que puede extenderse a otros del mundo, afectados en mayor o menor grado por ese flagelo. “Uno sabe –apunta Cossío– que la mayor parte de los actos de corrupción que se dan en los servidores públicos provienen de los particulares. Los particulares no lo asumen como parte de su responsabilidad social. Pereciera que los servidores públicos se autocorrompen en un ejercicio muy extraño. Ahí participa la sociedad, hay una corresponsabilidad absoluta en ese tipo de corrupción y la sociedad se siente suficientemente cómoda criticando a los servidores públicos. Son los miembros de la sociedad los que corrompen a jueces, policías; los que están dispuestos a entregar porcentajes para obtener licitaciones. La sociedad se queda muy tranquila, pensando que la corrupción tiene que ver con el servicio público, pero no con la sociedad misma”. Sí; como lo dice el magistrado mexicano, “la corrupción tiene que ver con la sociedad misma”; es un engendro suyo, agregaríamos nosotros. De manera que no puede aislarse de la solución, haciendo una especie de abstracción de ella, para focalizarla sólo en quienes detentan el poder, pero sin saber “por dónde le entra el agua al coco”, para decirlo en términos vernáculos. ¿Qué hacer? Crear, primero, la cultura de la honradez en las bases de esa misma sociedad. Y segundo, establecer mecanismos judiciales idóneos para abatir los índices de impunidad que hoy existen. Alrededor de esos dos ejes, la lucha contra la corrupción podrá tener éxito. El gobierno del presidente Santos le ha dado prioridad al problema. La lectura del Estatuto anticorrupción, presentado al Congreso, nos ha producido impresión positiva. Nuevas tipificaciones penales y mayor rigor en el castigo a los corruptos, con ampliación de los términos de prescripción de la acción penal para cerrar esta puerta de la impunidad, aunque esperábamos que se hubiera propuesto la imprescriptibilidad de los delitos contra el erario, como lo propuso el Presidente de la República durante su campaña. ¿Qué pasó? También tendrán que afrontarse otros desafíos convergentes. El Congreso debe aprobar una reforma política y otra electoral, profundas, para evitar que los corruptos sean elegidos a las corporaciones y a cargos de elección popular. Todo es posible, pero sólo con una sociedad comprometida y vigilante. *Ex congresista, ex ministro, ex embajador. edmundolopezg@hotmail.com