Solidaridad con el ex ministro Santos

El Juez de Sucumbíos, Ecuador, con ánimo pendenciero evidente, dictó medida de aseguramiento contra nuestro ex ministro de Defensa, doctor Juan Manuel Santos. La noticia se regó como pólvora, pues no ha de dudarse sobre su carácter explosivo; y como era de esperar, el Presidente respaldó a quien como ministro había demostrado decisión y valor para enfrentar los actos vandálicos de las Farc. El bombardeo al campamento de Raúl Reyes –habrá que precisarlo-, no se hizo para desconocer la soberanía de Ecuador, ¡faltaba más!, sino para darle un eficaz golpe al terrorismo que tenía en el comandante abatido a uno de sus más siniestros practicantes. Así lo ha entendido la comunidad internacional. En las fronteras surgen circunstancias muchas veces inevitables cuando las utilizan los delincuentes para protegerse de las autoridades. De ahí que la llamada “persecución en caliente” sea una forma eficaz de defenderse los países fronterizos, en la lucha contra el delito. Nuestro gobierno, en su momento, con fundamento en la hermandad entre los dos pueblos, dio las excusas que eran de rigor, pero el presidente Correa, que buscaba a todo trance afianzar su popularidad, prefirió comportarse irracionalmente, hasta el punto de impregnar de su actitud intolerante a los habitantes de su país, parapetado detrás del concepto de soberanía; concepto que de ninguna manera puede servir de pretexto para amparar delitos de lesa humanidad, y en este caso, a quienes, como los cabecillas de las Farc, han sido calificados por la mayor parte de los gobiernos como terroristas y no ya como revolucionarios, pues, ciertamente, sus ideales quedaron contradichos cuando apelaron a todas las formas de lucha, entre ellas la del secuestro. Quiero llamar la atención en el sentido de que el caso del bombardeo al campamento de Raúl Reyes no puede mirarse como un fenómeno propio del código de los delitos, en el cual se tipifican conductas ilícitas individuales, sino dentro de una acción de legítima defensa de un Estado afectado por el terrorismo, y sobre cuyos alcances conoce ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por solicitud del propio Gobierno ecuatoriano, cuando consideró que uno de sus nacionales, el señor Aisalla, había sido muerto a culatazos por soldados de nuestro ejército. Si la Comisión, que hace parte de la estructura de la OEA, asumió ya la investigación del caso, el juez de Sucumbíos no podía usurpar sus funciones. ¿Serán ajenos los presidentes Chávez y Correa, enemigos jurados del doctor Juan Manuel Santos, de la medida adoptada por el juez de Sucumbíos? Si el ex ministro piensa aspirar a la Presidencia de Colombia, hay que ponerle palos en la rueda, habrían acordado, y, para guardar apariencias, se habrían valido de un ardid para poner en aprietos al ex ministro y a nuestro propio Gobierno: una orden judicial, así ésta pueda calificarse de absurda. Afortunadamente Interpol no se prestó para la jugarreta. Casos se han visto…; En el entretanto, la solidaridad de los colombianos con el ex ministro Santos debe trascender al mundo entero. Es una exigencia del más puro nacionalismo. edmundolopezg@hotmail.com