Nada nos complace tanto a los bolivarenses como que, al fin, tengan acueductos. De modo que la noticia que el pasado martes nos suministró el secretario de Agua Potable, sobre $50.000 millones para trece localidades, y que se confirmó ayer con la decisión del Comité Directivo del Plan Departamental de Aguas, la celebramos como un acontecimiento histórico. Son, pues, ocho proyectos que harán parte de una hilera de licitaciones que prenderá motores en diez días. Al terminar la reunión del comité, el gobernador Berrío declaró que “estas comunidades (las candidatas para agua potable) han sido engañadas por años y el caballito de batalla ha sido el acueducto. Por eso vamos a cumplir”. Pero, además, instó a los alcaldes a “convertirse en veedores de estos proyectos. Hasta aquí, todo está bien. Y felicito al mandatario porque parece consciente de que puede saborear las mieles de la historia. Sin embargo, creo que le faltó pedirle algo a la opinión pública: que se convierta, antes que los alcaldes durante la ejecución de los proyectos, en veedora del proceso desde la entrega de los pliegos hasta la entrega de las obras, algunas de las cuales se prevén para 2010. Sí, donde hay $50.000 millones en juego (recursos nacionales, departamentales y créditos), estando como están las cosas en el mundo deletéreo de la política, la inversión del producto de nuestros impuestos requiere ojos bien abiertos y los pasos que se den para encauzarla explicaciones muy claras. O sea, que veamos transparencia en las aguas. ¿Por qué lo digo? En parte por agorero. El antetítulo de ayer en El Universal fue: “Con inversiones por $26.000. millones... Arrancó la fase dos del plan”. La misma cifra que Ecopetrol pagó por la estampilla de la Universidad. Y en parte porque el Gobierno no ha sido muy cuidadoso al momento de revisar los requisitos previos para la adjudicación de algunos contratos, como, por ejemplo, recibir un certificado de existencia y representación de un contratista 15 días después de liquidado y pagado el que se suscribió con él. El otro inconveniente es que, casi siempre, los ganadores de las licitaciones son personas o firmas siamesas de un jefe político, unas veces porque vienen pegados por la sangre y otras por intereses comunes. Y como hay mil mañas para dificultarle al proponente sin padrino y sin socio con curul o con entronques su derecho a concursar y ganar en limpia carrera, las premiaciones se repiten. Estaremos a la espera de que el Ministerio, la Secretaría del ramo y la Empresa Aguas de Bolívar, obren a la altura de su compromiso. Traigo a colación estas observaciones porque no quiero –créanmelo– que el Gobernador pierda la oportunidad histórica de que se le recuerde como el Antonio Nariño del agua potable en Bolívar. Si no nos falla, hasta los bolivarenses pobres que se aburrieron esperando los mercados y las medicinas que se pudrieron (los de Simití, Santa Rosa del Sur, Altos del Rosario y San Pablo) lo reivindicarán y le encenderán velas frente al nicho donde colocarán su foto. Por motivos mayores lo recordarán los pensionados que recibieron sus reajustes, hace exactamente un año, en siete resoluciones suculentas que se cocinaron con la salsa del decreto 2108, de una receta del inspirado chef Julio Santamaría. carvibus@yahoo.es
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