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Tribunales e institucionalidad

La institucionalidad en la Democracia se sustenta en la trilogía de los poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Del último hacen parte: la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, que con sus providencias acordes con la Constitución de 1991, evitaron la instauración de un régimen autocrático en el país. Tres fallos de inexequibilidad de la Corte Constitucional permitieron la plena vigencia de las instituciones y eliminaron la pretensión dictatorial del gobierno anterior.

En ese orden señalemos: la Sentencia de Inexequibilidad del Referendo Reeleccionista, del Magistrado Humberto Sierra Porto, que rescató al país del clima de incertidumbre de los tres últimos años. Antes del fallo era evidente el temor ciudadano, debido a la estrategia mediática del miedo, encaminada a promover la permanencia del régimen autocrático. Superado ese ominoso capítulo, hoy se experimenta un clima de sosiego y libertad.
La otra sentencia: la de inexequibilidad del Decreto 4975 de 2009, por medio del cual el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Social. Ese fallo desnudó la ineficaz acción del Gobierno y del mal llamado Ministerio de Protección Social, que condujo al colapso del sistema de Salud, situación nunca antes vista en el país, que los gestores comerciales del gobierno querían ocultar con el Decreto de Estado de Emergencia.
La tercera providencia se relaciona con el Acuerdo sobre la permanencia de tropas extranjeras en el territorio nacional y las bases militares. En primera instancia fue el Consejo de Estado el que precisó la necesidad de que el acuerdo contara con el visto bueno de la Rama Legislativa, por cuanto consideraba que las condiciones que lo rodeaban no estaban dentro de los parámetros fijados en los acuerdos de cooperación bilateral ya existentes entre Colombia y Estados Unidos. Sólo la terquedad del Gobierno y sus asesores los llevó a continuar con ese embeleco.
En ese mismo contexto, el Magistrado Jorge Iván Palacios, de la Corte Constitucional, elaboró una ponencia que consideraba que esa posibilidad requería un nuevo Acuerdo entre los dos países, por cuanto la presencia de marines norteamericanos en Colombia, bajo tales condiciones era inconstitucional. La ponencia fue aprobada por la Sala Plena, con el voto favorable de siete de los nueve magistrados. La misma concluyó que el Acuerdo suscrito entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos es un Tratado internacional que crea nuevas obligaciones al Estado colombiano, y por lo tanto debió ser tramitada en el Congreso para su discusión y aprobación, y posteriormente sancionado por el Presidente y evaluada por la Corte.
El presidente Juan Manuel Santos, que cada vez se diferencia más del mandatario anterior, al parecer tiene la intención de desechar ese embeleco del Acuerdo sobre las bases, que lo único que produjo fue la desconfianza de los países vecinos.
Obviamente que también la Corte Suprema de Justicia, con las investigaciones de la corrupción y la parapolítica, contribuye a la conservación de la institucionalidad. Por lo cual es evidente que esos Tribunales, defensores de la institucionalidad, protegen a Colombia de los regímenes autoritarios.

*Médico Cardiólogo. Ex Director de El Universal. Académico de Número de la Academia Nacional de Medicina, de la de Cartagena y de la de Historia.

MOROND@telecom.com.co

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