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Un problema mal planteado

Están convencidos de haber encontrado la oportunidad para alzarse con un botín.

Me refiero a quienes, como cazadores de fortuna, demandan al municipio de Sincelejo y las empresas que prestan servicios públicos domiciliarios, arguyendo que, por descuido de las autoridades, las aguas que corren por los arroyos que atraviesan la ciudad ponen en riesgo la salubridad y el patrimonio de aquellos que moran en sus alrededores, no sólo porque están contaminadas con materia fecal e infestadas de roedores y otras alimañas, sino porque la corriente, que crece cuando llueve, derriba paredillas, se mete a los patios, deja desechos y estropea los enseres que se humedecen.
Pretenden los demandantes que se declare la responsabilidad de los entes a los que llaman a juicio y se les ordene realizar la canalización en concreto de los cauces por donde corren las aguas de lluvia, con lo cual, a su juicio, se evitaría que los charcos sirvan de criaderos de insectos y las corrientes no desborden el cauce, de manera que tampoco habría lugar para que se amontonen las basuras que atraen a los roedores, toda vez que los pavimentos impedirían el nacimiento de vegetación y la fuerza de la corriente las arrastraría.
La exposición que de la problemática hacen los demandantes se limita a un tópico de la misma. Por eso no aciertan en su presentación ni en la solución que proponen, ya que ella no se genera por vertimientos de aguas provenientes del alcantarillado, ni en exclusiva por las omisiones que, a pesar de ser varias, se pueden achacar a las autoridades, sino también porque concurren otros procederes atribuibles a los ciudadanos, empezando por desconocer la prohibición de arrojar basuras y construir en las riberas de los arroyos o sobre sus cauces, como ocurre en la ciudad, sin que haya quien frene esos abusos.
En efecto, pásese por sectores como 20 de Julio, Santa María o Bitar y verá como los particulares se han apropiado de terrenos públicos edificando sobre las márgenes de los arroyos o a través del artificio de construir un canal en el cauce que atraviesa por, según ellos, su terreno, recubrirlo con una placa y levantar sobre ella parte de la edificación, como si el lecho y sus zonas contiguas no fueran bienes de uso público, cuya propiedad no pueden transferir las autoridades, como al parecer antaño ocurrió aquí.
Además de lo expresado, hay que tener presente que la topografía de Sincelejo es una sucesión de colinas que desaguan hacía los bajos y generan una red de cauces que recorren el territorio, los que permanecen secos la mayoría de tiempo y tributan sus esporádicos caudales sobre el Culumuto, el Pintao o Caimán, de cuyas aguas, en realidad, emana un hedor que dificulta la respiración de quienes lo perciben.
Lo anterior indica que la solución no es pavimentar los cauces, sino forzar a las autoridades a iniciar las campañas de educación de la ciudadanía, la recuperación de los terrenos públicos, el drenaje y desmonte de los cauces, concluir la red de alcantarillado en la periferia, incluida la laguna de oxidación, y vigilar para evitar la ocupación ilegal de las rondas de los arroyos. Si apuntarán a esos objetivos, con seguridad yo coadyuvaría las pretensiones de los persecutores de incentivos.

*Abogado y profesor universitario.

noelatierra@hotmail.com

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