Con muy buen criterio, el constituyente de 1991 no copió el modelo norteamericano de la Fiscalía porque aquí, en la Colombia de las clientelas políticas voraces, la civilización y la cultura no nos alcanzan para que el Fiscal General de la Nación sea un funcionario designado por el Ejecutivo y, al mismo tiempo, independiente del Presidente que lo nomine. Razón tuvo el constituyente. Con la Fiscalía adscrita todavía a la Rama Judicial, Uribe pretendía que la Corte Suprema le eligiera un fiscal que cupiera en sus alforjas, como si se tratara de la provisión de un cargo menor en el cual su titular obre como un subalterno apto para hacer mandados. Ese no es el trato para una jerarquía de semejante dimensión. Al Fiscal General se le exigen, por mandato superior, las calidades de un magistrado y se le conceden autonomía administrativa y presupuestal para su desempeño. Triste que en la última campaña presidencial, haciéndose eco de un pedido de don Álvaro en uno de aquellos días en que anduvo picado de alacrán, el Presidente electo hubiera propuesto mudar la Fiscalía de la Rama Judicial al Ejecutivo dejando ver dos intenciones clarísimas: controlar políticamente el aparato que precluye o acusa a los investigados, y echarle mano a algo más de 25.000 empleos que no le vendrían mal a un gobierno de unidad nacional atafagado de compromisos. Esa no puede ser la perspectiva para trastear una Fiscalía del tamaño de la nuestra, pues aparte de investigar y acusar a los infractores de la ley ante los jueces y los tribunales, su participación en el diseño de la política criminal del Estado es inexcusable y la Constitución la faculta, inclusive, para presentar proyectos de ley en tal sentido, por su cuenta o en asocio de las altas corporaciones judiciales y del mismo gobierno. La crisis por el nombramiento del Fiscal General derivó de una indigestión de autoritarismo que tuvo su antídoto en la digna reacción de la Corte Suprema de Justicia, y no será convirtiendo a la Fiscalía en un botín, o en una agencia de preclusiones para los amigos del gobierno y de acusaciones para sus enemigos, como se supere un problema que no es de mudanza, sino de equilibrio en el mando. Los choques obedecieron a la mala conducción de unas relaciones que tienen reglas de juego y límites que se desconocieron por primera vez en dieciocho años de vigencia de la Carta. En 1991 reconstituimos un Estado que comenzamos a desbaratar, al año siguiente, con reformitas constitucionales sin visión de conjunto. Ya llegaron a la treintena. Encimarle el absurdo de una Fiscalía instrumentada desde el Gobierno y el Congreso, a discreción del presidente y los congresistas, sería fraccionar la historia de nuestros avances institucionales. Al mandatario electo no se le escapa que será su liderazgo, y no el de su antecesor, el que alce los trofeos o sufra los azotes de la opinión pública según acierte o yerre gobernando. De modo que pudieron ser muchos los sufragios y grandes las mayorías en el Congreso para aprobar todo lo que el Gobierno se proponga, pero las aplanadoras, como los perros con mal de rabia, también muerden al amo. Remember la reelección II. Aun en política –decía Nehru–, toda mala acción tiene malas consecuencias. *Columnista y profesor universitario carvibus@yahoo.es
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