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Una prohibición inane

El poder de reformar la Constitución no se ha ejercido por el Congreso con coherencia, pero sí con irresponsabilidad, trastocando un ordenamiento con un hilo conductor axiológico y de principios, para convertirlo en un estatuto mal remendado y contradictorio.

Aquí todo se quiere resolver reformando la Constitución. No nos oponemos, ya que la Carta no debe ser irreformable, pero las modificaciones deben responder a una necesidad, encajar en el conjunto y cumplir alguna función.
Veamos la más reciente reforma constitucional:
No estuve de acuerdo con la Sentencia C-221 de 1994, mediante la cual la Corte Constitucional declaró inexequible la norma legal que penalizaba el porte y consumo de la dosis mínima de estupefacientes. Salvé el voto para señalar que la Corte concibió como absoluto un derecho que no lo es: el del libre desarrollo de la personalidad, dando lugar a un incremento perfectamente previsible de la drogadicción en el país.
Hace tres años dije al Presidente de la República que coincidía con su criterio de que la sentencia -que era cosa juzgada constitucional- servía a los traficantes para burlarse de la Policía y distribuir la droga en pequeñas cantidades, imposibles de controlar, y para un consumo que pronto sería desmesurado. El Jefe del Estado tenía la razón en buscar una reforma constitucional, esta sí justificada, con medidas eficaces contra el aumento del consumo de estupefacientes, sin tropezar con la infortunada decisión judicial.
Se consiguió al fin la reforma, y después de varios intentos fallidos -pues el Presidente chocó inclusive con la oposición de partidarios suyos-, acaba de ser aprobado en último debate el que será numerado como Acto Legislativo 2 de 2009.
No estoy satisfecho. Lo que resultó, después de las transacciones de la mediocridad –impuestas algunas contra la evidencia de que Colombia es ya un país consumidor que requiere medidas drásticas-, fue un texto confuso e ineficaz, que dista mucho de una norma jurídica. Es apenas un “canto a la bandera” que producirá mayores trastornos a las autoridades, y que debe tener muertos de la risa a los narcotraficantes.
Se contempla una prohibición tajante del consumo, sin distinguir si se hace en público o en privado -lo cual, de suyo, ocasionará polémicas-, pero no se prevé la consecuencia de las transgresiones. Vendrá el tratamiento médico o la terapia, aunque la norma exige el consentimiento del paciente, y quien ha hecho aquello prohibido por la Constitución, la habrá violado impunemente. Nuestros reformadores se equivocaron: debieron contemplar la consecuencia, o no han debido prohibir lo que en realidad permiten.
Además, la prohibición existe “salvo prescripción médica”. Hasta ahí llegó tan perentorio mandato constitucional. Veremos que cada portador y distribuidor de droga llevará certificado médico, verdadero o falso. ¿Qué puede hacer un policía ante un certificado cuya autenticidad no está capacitado para controvertir o poner en duda?
“Hecha la ley, hecha la trampa”. Una norma inane, con el costo de popularidad de toda prohibición, pero que no consigue sus propósitos. El Gobierno se quedó con el pecado y sin el género. Muchos consideran exagerada la norma, pero no disminuirá, y menos erradicará, el consumo de sustancias sicotrópicas en nuestro territorio.

*Abogado

jgh_asist@hotmail.com

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