A propósito de la iniciativa anunciada por el ministro del Interior de una nueva reforma constitucional en relación con la inmunidad y la doble instancia para juzgamiento de congresistas, es importante comenzar a preparar una reforma constitucional seria para afrontar el período post Uribe. Asumiendo que en 2010 empezará un nuevo Presidente, deberíamos empezar a preparar una reforma constitucional integral, que ajuste los aspectos que se desequilibraron con la reelección presidencial y que introduzca los cambios que se requieren y sobretodo que establezca unos procedimientos más rígidos para su reforma, para terminar con el deporte nacional de estar reformando la Constitución cada año. Se requiere una gran reforma constitucional para que no sigamos haciendo reformitas al menudeo. Primero, deberíamos volver a un sistema de prohibición de la reelección presidencial pero incrementando la duración del período a cinco o seis años, a partir del Presidente que se elija en 2014. Similar situación debería establecerse para mandatarios regionales y locales. Segundo, hay que volver a revisar los sistemas de pesos y contrapesos acorde con la nueva situación en lo relacionado con la elección de Magistrados de la Corte Constitucional, miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, responsables de los organismos de control y vigilancia. Tercero, el juzgamiento de los congresistas en lo relacionado con la inmunidad, como en lo relacionado con la segunda instancia que toda persona debe tener como el derecho fundamental que es. Esto obliga a revisar lo relacionado con el juzgamiento de las otras cabezas de los poderes del Estado y de los organismos de control. Cuarto, algunos sectores consideran necesario revisar la circunscripción nacional de Senado y volver quizá a un sistema mixto que combine lo nacional con lo regional. Quinto, un sistema estricto de sanciones políticas para parlamentarios y partidos políticos que resulten involucrados en alianzas con grupos delincuenciales de cualquier naturaleza. Sexto, establecer un conjunto de mecanismos que garanticen una mayor rigidez constitucional en lo relacionado con los procedimientos de reforma; algunos sistemas políticos establecen que una reforma constitucional debe ser aprobada por doble vuelta aprobada en dos Congresos distintos, o la aprobación de las reformas constitucionales requiere unas mayorías altamente calificadas –las cuatro quintas partes de los miembros del Congreso-, igualmente en cuanto a requisitos de participación para reformas plebiscitarias y por referendo. Lo anterior para garantizar que las reformas constitucionales no respondan simplemente a mayorías transitorias, sino a grandes consensos nacionales. Para adelantar una reforma de reajuste institucional con asuntos como los planteados y probablemente otros, se requiere una gran coalición post Uribe, o mejor, una gran coincidencia –en la cual deben estar incluidos los uribistas, por supuesto-, que permita que la misma sea de gran consenso nacional. El interrogante es si el Congreso tendrá la grandeza que se requiere para tramitar y sacar adelante una reforma de esta envergadura, o habrá necesidad de acudir a un mecanismo excepcional como sería un Asamblea Nacional Constituyente. *Profesor Universidad Nacional avargasv@cable.net.co
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