En la ciudad de Nueva York se ha producido un debate álgido en relación con la legalidad y conveniencia de que se construya una mezquita a tan sólo dos cuadras del lugar conocido como “ground zero”, en donde se cometieron los actos terroristas del 11 de septiembre de 2001 y perdieron la vida miles de personas. Sectores de la sociedad, cuyos líderes visibles pertenecen al partido republicano, sostienen que ese centro religioso constituiría una afrenta imperdonable a la memoria de las víctimas del atentado, mientras que grupos liberales de los EE.UU. consideran que impedir su construcción es un acto de intolerancia con la población islámica. Quienes se oponen a la medida quieren crear una falsa disyuntiva: pretenden hacerle creer a las autoridades públicas y a la ciudadanía que deben escoger entre respetar la memoria de las víctimas de los atentados terroristas u ofenderlas permitiéndole a sus “victimarios” profesar su credo a pocos metros del lugar donde fueron inmoladas. Es un planteamiento falaz porque quienes perpetraron los atentados contra las Torres Gemelas no fueron los musulmanes como grupo religioso, sino algunos miembros de una corriente minoritaria y fundamentalista (los talibanes) que no goza de simpatía entre los miembros de la religión islámica. De manera que, con la mezquita y el ejercicio religioso consiguiente, no se deshonrará a los caídos el ll-S, sino que se garantizaría a un grupo poblacional el derecho a profesar la religión que han escogido de forma libre. La prohibición sólo se justificaría en dos casos: (i) si con la construcción de la mezquita se pusiera a la ciudad de Nueva York en riesgo de padecer un nuevo atentado; (ii) si los miembros de esa comunidad islámica pretendieran irrespetar desde sus instalaciones a los caídos y sus familiares, en una actitud desafiante de apología al terrorismo. De permitirse la construcción, la ciudad no perderá seguridad, porque se trata de un sitio para celebrar ceremonias religiosas y no para planear ataques contra la población, y tampoco se irrespetará a los parientes de las víctimas, por cuanto el líder religioso de la comunidad islámica que tendrá asiento en la edificación ha rechazado los hechos luctuosos del 11-S. En cambio, de impedirse la construcción, el gobierno de EE.UU. le estaría imponiendo a la población islámica una restricción injustificada en el ejercicio del derecho constitucional a la libertad de culto, además de enviarle el mensaje a los islámicos de que el Estado les dispensa un tratamiento distinto y desigual por su condición religiosa. La intolerancia de ciertos sectores de opinión no puede afectar la separación que en las democracias liberales debe existir entre Iglesia y Estado, para evitar la inconveniencia de que los poderes civil y espiritual excedan sus límites. La población islámica que habita en los EE.UU. está presta a desatender los llamados de algunos extremistas para atentar contra la ciudadanía, porque en la conciencia de cada uno de los individuos que la conforman pesa más el sentido de pertenencia a una Nación que los ha acogido y proveído de bienestar, que el contenido de esos mensajes oprobiosos. Una prohibición para ejercer su fe serviría para aislarlos del conglomerado social y hacerlos sentir como extraños en la mayor democracia de Occidente. *Abogado y Filósofo tiradojorge@hotmail.com
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