En entrevista concedida a Yamid Amat en El Tiempo del domingo 31 de enero, Roberto Esguerra, médico eminente y director de la muy reputada clínica Santa Fe, expresó con indignación que “los decretos de salud condenan a la gente a morir” y agregó “son una monstruosidad y es urgente su revocatoria”. Por otra parte, ese mismo día, en El Espectador, el presidente de Fedesalud decía que como consecuencia de los decretos “un médico general estará amarrado, absurdamente, de pies y manos, y en su práctica profesional casi todo será ‘excepcional’ ”. Expresiones como las anteriores han copado las páginas principales de los periódicos y programas de noticias de la televisión colombiana durante las dos últimas semanas. La rebelión del cuerpo médico ha sido unánime y la indignación social ha tenido tal envergadura que nadie, o casi nadie, ha salido a defender públicamente los decretos del Gobierno, productos de la declaratoria de la emergencia social. El presidente Uribe, como nunca antes había sucedido en sus 7 años de mandato, se quedó solo, intentando explicar lo inexplicable. Marchas de protesta en 14 ciudades y abucheo inclemente al ministro de la Protección Social en la Universidad de Pereira son apenas dos de las muchas manifestaciones contra las medidas tomadas para reformar la salud. A tal extremo llegó el pronunciamiento colectivo que, en pleno período electoral, el Presidente tuvo que recular y aprestarse a tomar medidas que apaciguaran el descontento general. Una de ellas, el decreto reglamentario que reafirma la autonomía de los médicos, fue el producto de una reunión con las agremiaciones médicas en el palacio de San Carlos. Otras dos decisiones me parecieron, por decir lo menos, desafortunadas: la primera, insistir tercamente en la bondad de los decretos, hasta el punto de declarar ante la televisión que la culpa de tanta confusión era de quienes habían escrito dichos textos, por el uso de una mala retórica. La segunda, más grave todavía, es la de plantear que sólo sectores “pudientes de los estratos 5 y 6” tendrán que financiarse su salud, con el pago de cesantías o de sus ahorros. El Presidente debería saber, como lo sabemos los colombianos, que un buen número de quienes figuran como estrato 5 ó 6 son simples profesionales, que viven de un salario, frecuentemente endeudados con el pago de la hipoteca de la casa, la educación de los hijos, etc. etc. Lo cierto es que se ha cometido un gravísimo error al querer solucionar los males estructurales de la salud con decretos de urgencia y sin consultar previamente a los gremios y a los ciudadanos. Pero, peor aún, es insistir en el error. Los hospitales públicos enfrentan desde hace ya más de una década una crisis de proporciones aterradoras, consecuencia de la corrupción política llevada a sus peores extremos. El presupuesto destinado a la salud de los colombianos se convirtió, junto con el de educación, en el botín preferido de la politiquería reinante. Estoy convencido de que la reforma más importante, y esa sí la más urgente, debería estar encaminada a desterrar de manera radical la corrupción del sistema. La corrupción apadrinada por autoridades, directivos de hospitales y EPS, que llevaron a la crisis presente. De eso es de lo que tendríamos que estar hablando ahora. *Historiador. Profesor de la Universidad de Cartagena. alfonsomunera55@hotmail.com
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