La reciente decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que deja de lado la visión de la prostitución como un simple trabajo informal para reconocerla como una forma de violencia de género y explotación, es un cambio radical en la manera como Cartagena -y el país- ha venido manejando este viejo oficio.
Durante décadas, nos refugiamos en el eufemismo del “libre desarrollo de la personalidad” para ignorar la tragedia que se vive en nuestras plazas y hoteles.
Para una ciudad como la nuestra, esta sentencia es un espejo incómodo. El fallo, que se apoya en la tesis del magistrado Gerson Chaverra, es tajante: la prostitución no puede ser un mercado libre cuando la vulnerabilidad, la pobreza y el hambre son las que firman el contrato. Al definirla como un “sistema de desigualdad basado en el sexo”, la Corte le quita el piso jurídico a quienes pretenden normalizar la oferta sexual en el Centro Histórico como un atractivo turístico más.
A nivel nacional, este cambio de paradigma es un golpe jurídico al modelo “reglamentarista”, que busca legalizar y organizar, para acercarse a un modelo abolicionista, que busca proteger a la persona y castigar al explotador y al cliente. La justicia colombiana empieza a entender que el consentimiento se vicia cuando no hay alternativas. Ya no se trata de ordenar el espacio público o de carnetizar la miseria; se trata de desmantelar estructuras de poder.
En La Heroica, donde la Torre del Reloj se había convertido en epicentro de un mercado de cuerpos, que se trasladó a otras calles del casco histórico y en general, de la ciudad, la sentencia obliga a la administración y a la Policía a cambiar de estrategia. Ya no basta con los operativos cosméticos para despejar las plazas.
Si la prostitución es, en esencia, una forma de explotación en contextos de vulnerabilidad, el Estado tiene la obligación de perseguir con ferocidad al proxeneta y, de manera innovadora, cuestionar la responsabilidad del cliente.
Cartagena tiene ahora la herramienta legal para continuar el esfuerzo de la actual administración distrital, la Fiscalía y la Policía, de dejar de ser otro burdel a cielo abierto y consolidarse como un destino donde la dignidad de la mujer no sea una mercancía negociable.
Por supuesto, el impacto para la industria turística, la formal y la informal, debe ser inmediato. Por cuenta de este fallo, ya no debe haber zonas grises debido a que facilitar el ingreso de personas para servicios sexuales podría configurarse como favorecimiento a la explotación, un delito que acarrea desde penas de cárcel hasta la extinción de dominio.
Es hora de que Cartagena decida si quiere seguir lucrándose de un sistema de esclavitud moderna o si, por fin, hará valer el mandato de la Corte. La libertad no es el derecho a comprar un cuerpo; libertad es el derecho a no tener que venderlo para sobrevivir.