En un espacio de diálogo que sostuvimos ayer entre nuestros congresistas actuales y electos, los directores de la RAP Caribe y del Consejo Gremial de Bolívar, los gerentes, miembros de las juntas directivas y administradores de Afinia y EPM, para identificar oportunidades que impulsen el fortalecimiento y la sostenibilidad del servicio de energía y el desarrollo de la región Caribe, surgieron conclusiones iniciales que deseamos compartir con nuestros lectores desde esta tribuna, que resumimos, así:
El desafío del servicio de energía en el Caribe exige decisiones estructurales desde el Congreso de la República. Se requiere avanzar en ajustes regulatorios y legales que permitan garantizar la sostenibilidad del servicio, reconociendo las particularidades sociales, económicas y operativas de la región.
La situación energética de la Costa no es un problema regional aislado; es una falla estructural del sistema eléctrico colombiano que compromete el crecimiento económico, la estabilidad macroeconómica y la seguridad energética del país.
Garantizar la sostenibilidad de los operadores de red en el Caribe exige un enfoque solidario de carácter nacional, basado en algunos pilares que ha identificado el operador Afinia, bajo la vasta experiencia de EPM, tales como:
1. El Caribe, como eje estratégico del Sistema Interconectado Nacional (SIN), es determinante para la oferta presente y futura del país, razón por la que el deterioro financiero de los operadores de esta región puede generar un efecto dominó en la cadena de pagos, afectando a generadores, transmisores y, en consecuencia, a todo el SIN.
2. Las pérdidas no son únicamente técnicas; responden, en gran medida, a condiciones sociales estructurales debido a condiciones climáticas extremas, pobreza e informalidad.
3. Un modelo tarifario que reconozca las diferencias estructurales entre las distintas regiones del país es esencial, por cuanto el esquema actual traslada a los usuarios cargas que responden a factores fuera del control de los operadores.
4. Se requiere, urgente, estabilidad regulatoria y una regulación diferencial, para lo cual la bancada costeña podría jugar un rol esencial en beneficio de la población que representa.
En suma: sin una decisión de país no saldremos de la crisis. La sostenibilidad del servicio de energía en el Caribe no es solo un desafío empresarial o regional; es una decisión estratégica de país. Así como el Estado financia infraestructura crítica en otras regiones, la red eléctrica del Caribe debe ser tratada como un proyecto de interés nacional, con respaldo del Presupuesto General de la Nación y mecanismos de compensación estructural.
Lo que está en juego no es únicamente la operación de unas empresas, sino la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, la competitividad económica y la equidad territorial.