El artículo 188 de la Constitución establece de forma explícita que el presidente de la República simboliza la unidad nacional. Esta disposición consagra una de las funciones más afinadas del jefe de Estado, pues le impone actuar como un factor de cohesión por encima de las pretensiones partidistas.
En el derecho constitucional contemporáneo, que el presidente encarne la unidad nacional implica una doble condición jurídica y operativa, pues como jefe de Gobierno, esto es, líder formal de una facción política específica que lo eligió con un programa de gobierno concreto que está obligado a desarrollar, simultáneamente tiene que fungir como jefe de Estado, o sea, como representante de la totalidad de los ciudadanos.
Por lo anterior, el hecho de que esté obligado a desplegar el programa por el cual fue elegido, que debe asentarse en el Plan Nacional de Desarrollo de su gobierno, no puede reñir con la obligación de propugnar y proteger la unidad nacional, que es una característica del segundo rol, esto es, el de jefe de Estado porque, al jurar el cargo, el mandatario se convierte en el garante de los derechos de todos los ciudadanos, incluidos sus opositores. De hecho, las instituciones del Estado, como las FF. MM., los ministerios, los organismos descentralizados, etc., no pertenecen a su partido, sino a la Nación.
Aun cuando el presidente accede al poder mediante el voto de una mayoría, la Constitución le prohíbe gobernar exclusivamente para ella. Su legitimidad de origen, que proviene de los votos mayoritarios en un debate electoral, debe transformarse en legitimidad de ejercicio, pues está obligado a trabajar por el bien común, tal y como lo entiende la Constitución Política.
De la misma manera, ante la comunidad internacional, el presidente es la voz de la República de Colombia, no de su coalición de gobierno. Por ello, sus actos comprometen jurídicamente al Estado de manera indivisible.
La fórmula ganadora se encara a un país en extremo dividido desde hace varios lustros. Gustavo Petro profundizó esa división con alevosía y premeditación al actuar exclusivamente como jefe de una facción, lo que le cobraron los electores al percibir que las agencias estatales e, incluso, la fuerza pública, estaban actuando como herramientas de parcialización política.
El discurso de Abelardo De la Espriella, como estrategia de convencimiento político de sus electores, planteaba dudas sobre el sostenimiento de la unidad nacional. Tranquiliza en su discurso de victoria que dejara claro que el próximo presidente fue jefe de una facción política solo hasta el día de su elección, porque al posesionarse la Constitución le exigirá librarse del partidismo operativo, en tanto que sus políticas públicas deberán perseguir el beneficio del conglomerado social y no el fortalecimiento exclusivo de su colectividad o base electoral.