La cercana posesión presidencial anuncia una fractura estructural en la gestión del conflicto armado. El núcleo de la propuesta del nuevo gobierno radica en el desmantelamiento de la Paz Total y la discusión sobre la arquitectura de justicia transicional.
El mandatario electo ha confirmado la supresión de entidades como la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y diversas consejerías presidenciales, centralizando sus funciones en carteras tradicionales y bajo la nueva figura del Comisionado Nacional de Seguridad. Esta reestructuración busca sustituir el modelo de negociación política por uno de sometimiento a la justicia penal y confrontación militar.
ADLE fundamenta estas decisiones en “no más falsa paz”, capitalizando el descontento social ante la consolidación territorial de grupos ilegales durante este último cuatrienio. Sus ataques a la JEP, a la que califica de disfraz de impunidad, y a dirigentes del Partido Comunes, evidencian una línea que puede romper la continuidad institucional de ese establecimiento.
Pero el nuevo mandatario seguro es consciente del blindaje constitucional contra esta nueva orientación, en tanto que el Acuerdo de Paz de 2016 y la JEP gozan de protección bajo el Acto Legislativo 02 de 2017. Modificar sustancialmente este marco vulneraría el principio de no regresividad en derechos humanos, activando de inmediato las alertas de la Corte Penal Internacional (CPI), limitantes que explican el pragmatismo adoptado por el ministro de Justicia designado, Iván Cancino, quien matizó la postura oficial al reconocer la imposibilidad de abolir la JEP de forma unilateral.
Sería extraño que ADLE no supiera que el conflicto actual ya no se da contra una guerrilla centralizada, sino contra una estructura criminal fragmentada (Eln, Clan del Golfo, disidencias), fuertemente arraigada en el tejido socioeconómico local. Al sustituir la Reforma Rural Integral y la sustitución voluntaria de cultivos por la aspersión forzosa y la militarización, el Ejecutivo entrante corre el riesgo de empujar a los pequeños agricultores hacia la protección coercitiva de los mismos grupos criminales. Sin alternativas lícitas de subsistencia, la intervención estatal logrará victorias tácticas de corto plazo, pero podría ser incapaz de consolidar una autoridad territorial legítima y duradera.
La reciente carta del antiguo secretariado de las Farc, en la que ratifican su compromiso con la paz, pero con reciprocidad institucional, sitúa al nuevo gobierno en la coyuntura de considerar la paz y la seguridad como proyectos antagónicos, un error conceptual profundo.
El verdadero reto no consistirá en ganar batallas en la arena pública o en los micrófonos, sino en demostrar si el enfoque penal puede resolver una violencia estructural que requiere, de manera inequívoca, la presencia integral y social del Estado.