La empresa de alumbrado público cambiará 5 mil bombillas en Turbaco con tecnología LED, según publicamos ayer en El Universal. Esta es una buena noticia porque mejorará la seguridad de los barrios turbaqueros, no solo porque más y mejor luz espantará a los atracadores, sino porque los transeúntes ven mejor por dónde caminan y dónde ponen los pies, evitando el descalabro de una caída.
En Cartagena la ciudad no acompaña a los inversionistas responsables de que le entre al erario más y más dinero. La Zona Norte es un buen ejemplo de un desarrollo privado vigoroso dejado a la deriva en muchos aspectos por el Estado.
Algo tan elemental como la iluminación pública está ausente desde Crespo hasta Marahuaco. Poner unos pocos postes con luminarias de pésima calidad técnica y poco alcance no es tener alumbrado público, pero sí es una falta de respeto con la comunidad de La Boquilla y con los habitantes de los edificios aledaños.
Cosa similar ocurre en la doble calzada entre Cartagena y Arjona, donde no hay alumbrado público para atraer más inversión privada ni para recompensar la que ya hay.
Igual pasa con el agua potable, disponible para los proyectos establecidos en el Norte y para unos pocos nuevos, pero no hay aún la capacidad para impulsar el desarrollo potencial de la enorme área disponible.
En Turbaco ha mejorado el servicio de agua potable, pero también arrastra los pies en pleno siglo veintiuno porque no la hay las 24 horas en todo el pueblo.
Estos servicios en Cartagena y en su área rural y pueblos aledaños no son un privilegio ni una dádiva del Estado, sino un derecho ciudadano al que no deberían poder sacarle el cuerpo los gobernantes.
Es increíble que una arteria tan importante para Cartagena y su área rural, como la carretera entre Bayunca y la Vía del Mar, esté destrozada y la Alcaldía de Cartagena no haya hecho nada durante los periodos de varios alcaldes. La Gobernación de Juan Carlos Gossaín, quien no tiene obligación de construirla, tiene un proyecto para arreglarla. Allí tampoco hay iluminación pública salvo unos pocos focos en Bayunca y Pontezuela, sumados a la iluminación dealgunas casas de finca aledañas a la vía.
El Distrito debería sacudirse porque sus arcas viven de los impuestos ciudadanos, pero sin los servicios mínimos la inversión privada busca mejores perspectivas y Cartagena no tendrá el desarrollo ordenado que requiere.
Es el deber de las administraciones de las ciudades dotarlas de infraestructura de servicios para mejorar la calidad de vida delos habitantes, especialmente como contrapartida a la inversión privada. Los desarrolladores urbanos se juegan su capital y también lo hacen quienes les compran inmuebles a los constructores. Estas nuevas propiedades pagan impuestos y llenan las arcas de las administraciones municipales, permitiéndoles una mayor capacidad deinversión social. Ese debería ser el círculo virtuoso para que una ciudad crezca con equidad, pero parece importarles muy poco a los gobernantes.
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