Antier Bayunca y Pontezuela se unieron en una protesta porque no tienen alcantarillado, un servicio que el Distrito debería haberles llevado ya a todos los pueblos de su área rural hace años. Hemos sido reiterativos en este espacio con respecto a que la mejor inversión para Cartagena es que todos los asentamientos de su área rural y los del departamento de Bolívar tengan los diversos servicios públicos funcionando y en magnífico estado.
Visto lo anterior como debería verse, la gente merece calidad de vida, especialmente aquella que padece muchas de las penalidades de la vida rural; y visto de manera pragmática, a Cartagena le conviene fomentar dicha calidad de vida rural para desincentivar la migración a sus propios cinturones de miseria, cuya erradicación es infinitamente más costosa en dinero y en traumas sociales, que también repercuten directamente en la calidad de vida de Cartagena, especialmente en su inseguridad.
Así que Cartagena debe esforzarse siempre porque sus asentamientos rurales tengan agua potable, alcantarillado, y por supuesto, debe luchar por mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica, estando siempre alerta a la suerte de la hoy intervenida Electricaribe, para que quien la asuma después sea una organización idónea y comprometida con esta región.
Así que los reclamos de Bayunca y Pontezuela y los demás pueblos porque les instalen servicios públicos decentes están justificados, aunque no lo estén sus métodos de interrumpir el tráfico vehicular y encima de eso encender llantas, lo que le causan enorme perjuicio a una cantidad de gente y mercancía que usa las vías afectadas, además de dañar el asfalto con el fuego.
Por otro lado, nos sorprende la facilidad con que se bloquea la vía por lo anterior, pero nadie protesta por el ruido exagerado de los picós de Bayunca y de muchos otros pueblos, incluido Punta Canoas, cuyos vecinos no pueden dormir en cuadras a la redonda con el escándalo de estos aparatos.
No solo afectan el derecho al descanso y a un ambiente sano de todos, sino que daña la capacidad auditiva de niños, jóvenes y adultos.
La Policía tiene un nuevo Código que la empodera para meter en cintura a quienes lo violen, y aunque parece que en estos más de cinco meses la pedagogía ha sido insuficiente, esperamos que desde el 1 de agosto, cuando empiece a regir esta herramienta para la convivencia, la institución decomise los picós a los que no les quieran bajar el volumen, de los que hay demasiados.
Ojalá que los vecinos no sigan desamparados y que la Policía haga lo que le corresponde contra estos aparatos de tortura auditiva.
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