Los bloqueos de vías se volvieron cotidianos en Colombia.
Aun antes de esta última racha de paros nacionales, era normal que en Cartagena cualquier comunidad interrumpiera el tráfico de una vía para quejarse por un asunto que considerara importante.
Por ejemplo, el mal servicio de energía en algunos barrios disparaba el bloqueo del Corredor de Carga, o de El Amparo, o de la entrada a Bocagrande, o de la Vía del Mar en cualquiera de sus trayectos.
Uno de los incidentes más recientes ocurrió cuando unos manifestantes bloquearon la Vía del Mar porque no veían comenzar las obras de la carretera entre ese pueblo y La Cordialidad, aunque ya estaban trabajando los ingenieros en el terreno, pero aún sin maquinarias, por lo que el gobernador Gossaín tuvo que ir a explicarles.
También hace poco los habitantes de Cañaveral bloquearon la Troncal de Occidente en Turbaco porque el alcalde de esta última población no había arreglado la vía entre las dos localidades.
Lo que no era normal en ninguno de los bloqueos era destruir propiedad pública ni privada, y en cambio sí era común que un funcionario civil hablara con los quejosos y restableciera el tráfico con solo atender las quejas y ofrecer soluciones. Y aquí, ese sigue siendo el talante, pero no sucede lo mismo en otras partes.
El vandalismo de algunos personajes radicalizados en las protestas del país durante el paro agrario y de los apéndices que se le sumaron en varias partes de Colombia sorprendió a todos y dejó entrever el nacimiento de otro fenómeno distinto a las protestas legítimas con las que se mezclaban y camuflaban. Los campesinos no tiran papas bombas ni destruyen ventanas ni saquean almacenes.
El caso es que ahora el Ministerio de Defensa propone medidas penales para quienes bloqueen el tráfico de vehículos o impidan la movilización libre todo el tiempo, y especialmente para los vándalos, y más aún si usan capuchas u otras maneras de ocultar el rostro para poder cometer sus fechorías con mayor impunidad.
El proyecto de reforma penal que propone Mindefensa al Congreso incluye hasta cinco años de cárcel para quienes bloqueen las calles o carreteras, y hasta un tercio más de la pena si al hacerlo están encapuchados.
Nadie tiene derecho a interrumpir una vía, no importa qué tan justa sea su causa, ni mucho menos añadirle vandalismo y violencia a la contravención, así que la propuesta de Mindefensa es oportuna y ojalá el Congreso la apruebe, aunque sea políticamente incorrecto hacerlo.
Si no fuera por la labor del ESMAD, tan criticado por algunos, muchas de las vías de Colombia aún estarían atrancadas y en manos no de quienes protestan lícitamente, sino de los vándalos, para perjuicio de la inmensa mayoría de la población, que pierde así su derecho a movilizarse.
El derecho a la protesta pacífica y ordenada no puede ser coartado, ni tampoco el derecho a la movilización libre, amplia y permanente de los colombianos en todo el país.
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