El incidente durante la ceremonia de entrega de la primera mitad del puente de Gambote la semana pasada, cuando el presidente Santos criticó un editorial de El Universal que reclamaba cumplirle a Bolívar y a Cartagena, y cuando el gobernador de Bolívar también reclamó porque algunos de los subalternos presidenciales parecen tratar de embolatar los proyectos de esta región, como la segunda mitad del puente mencionado y sus respectivas dobles calzadas, los bolivarenses y cartageneros notaron las desventajas evidentes de esta región con respecto a otras del país y del Caribe, frente al Gobierno nacional.
Antier en el Concejo de Cartagena los miembros de la corporación cerraron filas alrededor de los intereses de la ciudad y del departamento y fueron notorias las intervenciones de varios concejales, entre ellos César Pión, David Múnera y el presidente de la entidad, David Dáger, quien dijo que le sería enviado un oficio al presidente Santos para exigir cumplirle al departamento y a la ciudad.
Los concejales Pastor Jaramillo y Américo Mendoza hablaron de la necesidad de formular proyectos concretos para incluirlos en el presupuesto nacional, es decir, ser más propositivos que quejosos con aspiraciones bien estructuradas, y Duvinia Torres le pidió al presidente Santos no ser mezquino con la ciudad y el departamento.
Esta semana apareció en El Espectador una entrevista al doctor Germán Arce, director del Fondo Adaptación (FA), quien nuevamente dijo que su entidad no construiría la segunda mitad del puente ni sus dobles calzadas porque no le correspondía hacerlo, ya que asegura que el FA fue creado para reponer lo dañado por los inviernos de 2010 y 2011, y no para hacer obras nuevas. Todo eso parece un tecnicismo para birlarnos las dobles calzadas y la segunda mitad del puente de Gambote.
Los menores ingresos del Gobierno por la caída del precio del petróleo y los contratiempos en algunos otros sectores mineros lo tienen, como es natural, raspando la olla y tratando de reacomodar los dineros disponibles hacia otras prioridades, que en la práctica quiere decir quitarle los presupuestos a quienes se lo permitan al Gobierno. No nos imaginamos que pueda ocurrir lo mismo en Antioquia, Atlántico, ni en otros lugares donde defienden sus intereses regionales con el ahínco y la fuerza que da tener unos inamovibles compartidos a favor de la región.
Trabajar por Bolívar no quiere decir practicar el unanimismo político ni de ninguna otra clase, sino tener concretas y bien priorizadas las necesidades del departamento y su capital, alrededor de las cuales se unan todos los sectores sin fisuras, sin importar que controviertan entre sí con rudeza democrática en otros frentes.
Luego de ver la actitud del Concejo de Cartagena antier, celebramos que ese compromiso se incube en ese escenario de Cartagena y debería suceder lo mismo hasta en los rincones más apartados del departamento, de cuyo bienestar también depende el de los centros más poblados.
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