Hasta ahora, Transcaribe y la Alcaldía de Cartagena han tenido que responder cinco tutelas y hay rumores de que están por instaurarse 44 más, con el único propósito de detener el proceso de licitación para la operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM), que debía cerrarse el pasado 8 de mayo.
Esto ha exigido de la Junta Directiva de Transcaribe el diseño de una estrategia jurídica urgente para enfrentarse a este nuevo obstáculo que pone en peligro el avance del sistema y amenaza con retrasar aún más su entrada en funcionamiento.
Este enrevesado ataque jurídico es protagonizado por los transportadores de Cartagena, alegando que se los pone en una situación de inferioridad, convocando empresas de otros países para que participen en la licitación, olvidándose de que hace muchos años, cuando el proyecto apenas estaba comenzando, la gerencia de Transcaribe y el propio Gobierno nacional los llamó a que se vincularan y ellos no mostraron el mínimo interés, circunstancia que fue tenida en cuenta para declarar improcedente una de las cinco tutelas en estudio de los despachos judiciales.
Las versiones que se oyen en la ciudad es que habrá tutelas de los conductores atiborrando los juzgados locales, invocando la protección de su derecho al trabajo, sin tener en cuenta que los operadores deberán escoger a los más capaces y responsables, para ser parte de un sistema que cambiará la dinámica urbana de Cartagena.
Esta semana, el Alcalde se reunió con los miembros de la Junta, incluido el viceministro de Transporte, Nicolás Estupiñán, y a esa reunión fueron invitados funcionarios de la Procuraduría, para protegerse adecuadamente contra ese número descomunal de tutelas que se dice van a venirse en las próximas semanas, pero el sector judicial debe tomar conciencia de lo inconveniente que resulta para la ciudad un obstáculo de esa naturaleza contra el sistema masivo de transporte, que transformará simultáneamente la vida urbana de la ciudad.
Por fortuna para Cartagena se tiene un amplio acervo documental correspondiente a la experiencia de Transmilenio en Bogotá, contra el cual también se presentaron innumerables tutelas, que fueron resueltas favorablemente. La Junta de Transcaribe no sólo se propone contrarrestar esta ofensiva, sino identificar plenamente a los opositores de mala fe de este proyecto, para denunciarlos por su actitud imprudente y contraria a los intereses de la ciudad.
La Ministra de Transporte consideró que no tiene justificación esta actitud que atenta contra el desarrollo local, y anunció la intervención del Ministerio de Justicia y recordó que el Gobierno nacional apoya plenamente el proyecto, de manera que es preciso que los cartageneros tengan en cuenta que sólo si todos los sectores de la sociedad se comprometen con él, Transcaribe podrá ser una exitosa realidad.
Cartagena se merece un sistema de transporte público digno, cómodo y eficiente, es decir, lo contrario al abuso que representan los buses y busetas de hoy.
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