Desde que se cayó la torre 6 del edificio Space, en Medellín, el viernes 12 de octubre de 2013, se creyó inicialmente que este era un caso aislado. Contrario a lo que ocurrió en Cartagena con el desplome del mucho más pequeño edificio Portales de Blas de Lezo II el jueves 27 de abril de 2017, el Space tenía todos sus papeles en regla y lo construía una de las firmas hasta ese momento más prestigiosas de Antioquia y del país.
Hoy ya es notorio que algo anda mal en buena parte de la construcción en el país y no solo en Medellín y en Cartagena, como lo confirma que se desplomara un tramo del puente Chirajara el pasado 15 de enero, aún sin ponerlo al servicio, en la vía entre Bogotá y Villavicencio. En todos los anteriores casos -Space, Portales de Blas de Lezo II, y puente Chirajara-, ha habido pérdidas humanas.
En Medellín, por ejemplo, según un informe de Semana, “Planeación local se dio cuenta de que las curadurías, entre 2012 y 2013, tramitaron casi 1.000 licencias sin que la Alcaldía se enterara”. Es probable que en el resto del país esté sucediendo lo mismo.
Algunas de las sanciones impuestas en Medellín por la caída del Space fueron: al diseñador estructural le cancelaron la matrícula profesional de por vida, y al revisor estructural también; a los constructores les suspendieron la matrícula profesional por casi dos años y a quien hizo los estudios de suelo se la suspendieron por 6 meses.
Con respecto al puente caído no se saben aún detalles, pero sería terrible si en este también, como en los 16 edificios ilegales analizados por la Universidad de Cartagena, haya habido un ahorro deliberado de materiales con tal de ganar más dinero. Menos mal que este puente aún no estaba operando.
Es claro que el país requiere una normatividad de construcción mucho más efectiva y con responsables claros en cada paso que den al otorgar permisos y licencias, sin que nadie se pueda lavar las manos, como ocurre ahora, aunque se espera que pronto la Fiscalía tomará medidas contra las personas que obraron contra la ley en las distintas etapas de las irregularidades investigadas en Cartagena. Esto por supuesto le conviene a la mayoría de constructores serios que hay en el país para recuperar la confianza en nuestra ingeniería, y le conviene a los consumidores para saber que comprarán productos garantizados en todo sentido, legal y estructural, para evitar tragedias como las que sufren los evacuados de 16 edificios en esta ciudad.
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