Ahora que un estudio de un ingeniero veterano diagnosticó graves fallas estructurales en el Mercado de Bazurto y en el cerro de La Popa, se volvieron a prender las alarmas por el inminente riesgo de colapso de ambos y por el peligro para las personas y edificaciones a su alrededor.
Insistimos en este problema y los demás similares, pues esperamos que nuestros gobernantes en adelante se pellizquen ante la desidia histórica de hacer estudios periódicos, pero con poco seguimiento, cuando estos deberían llevar a crear programas de mantenimiento y recuperación oportuna que incluyan, no solo los inmuebles, sino las vías, cuerpos de aguas, parques y en general todos aquellos bienes comunes del Estado. Igualmente hay que protegerlos para evitar las invasiones en sitios de alto riesgo.
En el caso del cerro de La Popa, donde la erosión lo desestabiliza, se ve la desidia de los gobernantes sucesivos al permitir las invasiones a sus faldas o taludes, sumado a la discontinuidad de los trabajos de protección realizados hace algunos años en el talud del Salto del Cabrón y peor aún, el desconocimiento de las normas legales de tiempo atrás que solo permitían asentamientos hasta la cota +0,20 mts. Sin embargo, lo que ha hecho el Distrito es casi legalizarlos, no solo al permitirlos sino al llevarles redes de servicios públicos a los que están por encima de esa cota.
Pareciera que las normas dictadas para proteger nuestro patrimonio fueran frágiles, pues son cambiadas de la noche a la mañana y para la muestra un botón: años atrás se expidió una norma que impedía edificar cerca y/o en un radio de 300 metros del Castillo de San Felipe, y hoy vemos levantar edificaciones que lo arropan de manera acelerada.
Igual sucede con la Vía Perimetral, que se diseñó hacia el futuro como doble calzada, pero ya es poco lo que queda libre del área prevista para ampliarla y peor, estos asentamientos de una u otra manera influyen en su inestabilidad. En poco tiempo habrá que recuperarla, pero ya con inversiones mucho mayores de las previstas.
Las administraciones distritales no cumplen oportunamente con los fallos judiciales de muchos años atrás obligando a trasladar el Mercado de Bazurto, y también faltó autoridad allí para aplicar las normas legales, aunque esperamos que no salgan ahora con pañitos de agua tibia para atender esta emergencia, y de una vez por todas se debe cumplir de manera eficaz y oportuna con dicho fallo.
Por otro lado, se construyen hospitales, colegios, parques y otros con recursos públicos, muchos de los cuales quedan inconclusos, y solo se reparan a mayor costo cuando ya están cayéndose.
Aunque sea política pública del Estado garantizar la vida de todos los ciudadanos y en este caso evitar que estén expuestos en zonas o construcciones de alto riego, debe ser un compromiso inequívoco de los gobernantes que a través de los mecanismos legales como el POT y otros, aplicados con autoridad y diligencia, garanticen ese mandato constitucional.
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