Según la Policía, este año fueron detenidos en Colombia más de 4.300 menores de edad que participaron, directa o indirectamente, en delitos como el atraco callejero o las lesiones personales.
Las bandas criminales usan cada vez más a niños y adolescentes en sus acciones porque estos no tienen responsabilidad penal y pueden cometer sus fechorías sin tener que pagar cárcel, sino -si acaso- en institutos especializados que en la mayoría de los casos no tienen suficiente seguridad.
El hecho demuestra las deficiencias en educación y en formación desde el hogar, pues hace de los menores una presa fácil, sin que tengan oportunidad de practicar algún deporte o entretenimiento sano que los aleje de las organizaciones de tráfico de estupefacientes, que generalmente los atraen con la promesa del dinero rápido o del poder.
Cada día, en nuestras ciudades se descubren más y más bandas integradas por menores que se dedican a cometer cuanto delito existe en medio de la mayor impunidad.
La gente no entiende cómo un joven de 16 años, culpable de homicidio puede pagar su pena en un centro de rehabilitación del cual se fugan con facilidad para seguir atracando o vendiendo droga. En un círculo vicioso cuyas mayores víctimas son menores como él. La Policia los captura y la Justicia los suelta.
El problema radica en que es necesario distinguir entre aquellos que tienen conciencia de que están obrando mal, y por lo tanto deben purgar sus delitos en una cárcel y aquellos que no, y por lo tanto son enviados a sitios especializados, donde se supone que serán corregidos para ser útiles a la sociedad.
Ante la imposibilidad de hacerle exámenes a cada cual para saber si son conscientes o no de su conducta, en nuestro país se ha determinado la edad de 18 años por debajo de la cual la persona no es racionalmente responsable de sus actos y por lo tanto no es responsable ante la justicia.
Muchos casos se han visto de quienes no habiendo llegado a esa edad asesinan o atracan y a todos nos resulta difícil entender que no saben lo qué hacen.
En algunos países se mantiene la opción de considerar a los menores no responsables de su conducta ilegal, pero con la posibilidad de realizarle tests que permiten decidir si saben lo qué están haciendo y en caso de que los exámenes digan que sí, juzgarlos como mayores. Esto desestimularía a los delincuentes que cada vez más recurren a menores porque si son capturados, salen al poco tiempo. Pero la solución de fondo tiene que ver con el papel del Estado en la formación de los jóvenes que se denominan “en riesgo”, es decir, proclives a ser cooptados por las organizaciones criminales para cometer sus delitos.
Hay que convencer a los padres que en sus casas deben acostumbrar a sus niños a ser practicantes del bien, antes de que sean deslumbrados por los que solo viven para reclutarlos.
Y hacen falta más programas de entretenimiento y deportes en los barrios para que los menores ocupen su tiempo de manera provechosa.
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