La decisión del presidente Santos ayer de no acatar la medida cautelar a favor del ahora exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la OEA y compuesta por siete miembros de la misma cantidad de países, creó una crisis en la capital colombiana y tensiones en todo el país, especialmente ante la reacción de Petro al convocar a “movilizaciones”.
La decisión contra Petro tiene varias aristas, la primera resuelta por la propia Constitución de Colombia, que permite expresamente que el Procurador General de la Nación destituya y sancione a cualquier funcionario público, incluido uno elegido por votación popular. Petro no ha sido el primero y seguramente no será el último a pesar de que quienes lo apoyan tratan de desconocer que la Carta lo permite expresamente.
Aceptada la anterior certeza constitucional, otra fuente de insatisfacción, esta sí en la mayoría del país, es la duda de si tanto la destitución y la muerte política de Gustavo Petro por 15 años, la duración de la inhabilidad impuesta, son penas excesivas por las faltas cometidas en el caso del manejo del servicio de basuras de Bogotá.
Otra duda era si a Petro no se le habían dado las garantías jurídicas a las que tiene derecho para defenderse. El presidente Santos consideró que a Petro no se le habían violado sus derechos, incluido el noveno en la lista de los derechos humanos, que dice que “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley”.
Petro y su equipo no solo ejercieron este derecho, sino que propiciaron la llamada “tutelatón”, con la que inundaron el sistema judicial con 300 o más tutelas, y anoche su abogado declaraba que aún le quedaban recursos legales al ahora exalcalde. Las garantías a la defensa que siempre ha tenido Petro fue uno de los argumentos presidenciales para desconocer la medida cautelar de la CIDH ayer.
Y quizá por encima de la anterior duda está el temor de que abrirle el boquete del caso Petro al sistema jurídico colombiano crearía el caos, ya que cada funcionario destituido por la Procuraduría en los últimos años -y son muchos- pretendería ser restituido y además demandaría al Estado con la posibilidad de desangrar el erario.
La sensación en Bogotá y en Colombia es que Petro fue un congresista extraordinario pero un alcalde pésimo, incapaz de gerenciar y de ejecutar. Sus problemas gerenciales no fueron evidentes solo con las basuras, sino en otros campos. En los disturbios recientes contra Transmilenio, Petro parecía más uno de los líderes de las protestas que el responsable máximo de resolver los problemas de la capital.
No acatar las decisiones legales le envía un mensaje pésimo a la ciudadanía. Recurrir a los discursos incendiarios tampoco ayuda a resolver el problema. Y la movilización de masas a la que convoca se sabe dónde comienza, pero no dónde acaba.
Petro podría estar jugando con candela en vez de recurrir a la prudencia en un país tan polarizado.
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