La meritocracia terminó en una justificación de la escogencia a dedo que es la costumbre en nuestro país y que se repitió con la elección en la Cámara de Representantes del Defensor del Pueblo, que tenía una crucial importancia en la etapa que se viene y que exige una probidad suficiente para garantizar la defensa de los derechos humanos, como es la misión de quien tendrá a su cargo tan delicada labor. Y no es que dudemos de las calidades de la persona escogida, es que desconfiamos de un proceso donde de antemano ya se sabe quién va a resultar ganador, y si fuéramos prácticos no tendría que estar acompañado de la pantomima de presentar una terna cuando ya todo el mundo sabe a quién van dirigidas las preferencias del Presidente de la República en este caso. Incluso, es una elección que perjudica al doctor Carlos Negret, el payanés que fue finalmente elegido.
Como dice la directora de Transparencia Colombia, Elisabeth Ungar Bleier, “Esta era una gran oportunidad para que este proceso fuera ejemplo de transparencia, apertura y equidad para los aspirantes, y para el presidente Santos y la Cámara”.
El gobierno da así un mal ejemplo de politiquería, como ocurrió con la comedia de la elección del Fiscal General de la Nación, sin dudar tampoco de las calidades de Néstor Humberto Martínez para ocupar ese cargo.
El país tiene que cambiar, y un paso importante en esta vía son las designaciones transparentes de los funcionarios, especialmente los que tendrán a su cargo la protección de los derechos de los ciudadanos. Por eso era necesario que los representantes estudiaran con cuidado cada una de las hojas de vida de los aspirantes y los interrogara exhaustivamente antes de decidir.
¿Con qué entusiasmo tomarán parte en los concursos de méritos los ciudadanos del común, si perciben que está arreglado todo de antemano? Es más, ¿cómo queda el proceso de meritocracia de aquí en adelante, si se percibe que la administración lo pervierte todo, con tal de sacar exitosamente el acuerdo con las Farc? Por la dimensión de las responsabilidades que tiene el Defensor del Pueblo, era importante que todos los sectores políticos tuvieran por parte de este la suficiente seguridad de que su elección no dependiera de su militancia política ni de su cercanía con el Presidente.
Como ocurrió con el Fiscal, resultó electo el que todos decían, y en ese caso, obligaron a muchos colombianos a enviar su hoja de vida, sabiendo que era un caso perdido, y que solamente conseguirían avalar una escogencia que estaba planificada de antemano.
Estas actitudes son nefastas para la confianza ciudadana en sus instituciones porque le envían un mensaje contradictorio, y acaban con una figura, que como la meritoracia, mal que bien es un principio de transparencia en las oficinas del Estado.
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