El superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, anunció ayer que Electricaribe será liquidado y en un año el funcionario aspira a culminar el proceso que determine un nuevo operador. Mientras tanto, la Superservicios seguirá operando a Electricaribe como lo ha venido haciendo desde noviembre de 2016; es decir, bien, dentro de las limitaciones de la infraestructura insuficiente y obsoleta de la empresa. Este anuncio es un alivio para la Costa Caribe, aunque quizá aún estemos al menos a dos años de comenzar a ver una verdadera mejoría en el servicio.
Por otro lado, Electricaribe anunció hace dos días que sectores oficiales de Bolívar le deben entre todos $48.137 millones en energía consumida y no cancelada, y que la cuenta hay que pagarla. El Electricaribe que dice eso está bajo el control de la Superintendencia de Servicios Públicos y cualquier comunicado suyo tiene la aprobación explícita de la entidad interventora. No es la empresa antipática ‘de los españoles’ la que les cobra, sino la que hoy es administrada por el Estado. Vale la pena aclararlo, no sea que algunos alcaldes y demás morosos de Bolívar vayan a creer tener la opción de no pagar la energía, o que ‘papá gobierno’ la pagará por ellos. Ni tampoco tienen la culpa los gobernadores de Bolívar de esta morosidad, aunque los mortifique mucho.
Valdría la pena saber en qué se gastaron la plata de la energía las alcaldías, colegios, acueductos, alumbrados públicos y centros de salud, si hacerlo fue legal, y si lo hicieron por desconocimiento y necesitan asesoría en cómo hacer un presupuesto para cumplir con sus obligaciones, o si algunos insisten en hacerse los tontos para usar los fondos de la energía en otros rubros a pesar del perjuicio que le causan a la comunidad.
El exgobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín, se sentía frustrado, como se debe sentir también Dumek Turbay, porque una vez dotados los municipios con acueductos de última generación, muchos alcaldes no los operan de corrido por su incapacidad administrativa en unos casos para pagar la energía, los insumos y la mano de obra; y por su omisión en otros. La culpa de que se queden sin energía los centros de salud, las escuelas, los acueductos, los alumbrados públicos y las administraciones municipales no es de la empresa que les suministra la energía.
La mora en Bolívar es así: $5.459 millones deben las dependencias de las alcaldías, $5.457 millones los centros de salud y hospitales; $5.482 millones los centros educativos; $19,171 millones los acueductos; y $12.567 los alumbrados públicos. La buena noticia es que hay algunos municipios no morosos, como El Carmen de Bolívar, Villanueva, Magangué y Santa Rosa del sur, que están al día con sus pagos de energía.
Si estos morosos no encuentran un camino inmediato para pagar su deuda vencida y la energía todos los meses, los paganinis seguirán siendo los ciudadanos, mientras los responsables con mucha probabilidad tienen plantas eléctricas en sus propias viviendas para no sufrir los apagones que su morosidad ayuda a crear para todos.
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