Las ‘ías’ sin duda han dado una batalla a través de sus investigaciones, incluyendo las cámaras ocultas de la Fiscalía en diversos puntos clave de la explotación sexual, especialmente en la Plaza de los Coches y otros lugares del Centro de Cartagena.
Las acciones de las autoridades han ido más allá de detener proxenetas y han involucrado a los participantes aparentemente pasivos, tales como algunos administradores de hoteles. La Fiscalía ha advertido que los dueños de los inmuebles deben saber para qué se usan, aún si no los manejan directamente o los tienen arrendados, de tal manera que usarlos ilegalmente da para perderlos a través de la extinción de dominio. Esta figura le puede ser aplicada no solo a los inmuebles como los hoteles, sino a vehículos, lanchas, casas de campo, residencias insulares y cualquier bien que sea utilizado para la explotación sexual, que por supuesto es ilegal. La prostitución es legal solo cuando es una decisión unipersonal de vender el cuerpo, pero no lo es cuando se monta un negocio para explotar a terceras personas, y mucho menos si son menores de edad.
A pesar de todas las advertencias de las autoridades, volvieron a aparecer en la red ‘promociones’ de eventos sexuales en Cartagena, uno de los cuales, anunciado entre el 14 y el 17 de diciembre, ofrece mujeres, sexo y droga en una isla de esta jurisdicción, por 6 mil dólares el participante.
El alcalde (e), Pedrito Pereira, y todas las demás autoridades civiles y de Policía, anunciaron que no permitirán tales eventos. Aunque los anuncios en las redes pueden ser noticias falsas, bien sea para tomarle el pulso a la ciudad o para desinformar, estos estamentos están alertas y dispuestos a impedir estos desmanes que atentan contra la ciudad y que podrían perjudicar sus empleos formales.
Llama la atención la muy sonada y atrevida participación de algunos extranjeros en estos negocios ilícitos, mostrando un desprecio malsano por las autoridades del país y por el grueso de su población, que es gente decente. Molesta su habilidad para salirse con la suya con demasiada frecuencia, y para moverse con aparente libertad en nuestro país a pesar de que las autoridades los estén buscando. Esto sugiere que en algunos lugares encuentran cooperación y complicidad, factores que refuerzan la insolencia notable de estos personajes. Por eso aplaudimos de nuevo la decisión de muchas autoridades de no darles cuartel a estos bandidos ni a sus socios nacionales y locales.
También conviene que las autoridades locales trabajen coordinadamente para evitar los abusos que facilitan el mal uso del turismo, como por ejemplo, que los barrios residenciales se llenen de hostales y hoteluchos, y que los muelles públicos de la bahía, incluidos los de los barrios residenciales, sean usados para fines comerciales sin que las autoridades hagan nada efectivo para impedirlo. El desarrollo no tiene por qué hacerse a costas de los derechos de la comunidad.
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