Cartagena no ha tenido suerte con la elección de muchos de sus alcaldes, varios de los cuales no han terminado sus periodos por distintos motivos, incluyendo suspensiones, y la del más reciente, Manolo Duque, también le ha terminado causando traumas a la ciudad, como hemos visto en las últimas semanas y más particularmente en los últimos dos días.
La detención antier de cuatro personas, incluyendo a Manolo; a José Julián Vásquez, más conocido como JJ, su pariente y hermano de crianza; la del concejal Jorge Useche; y la de la contralora Nubia Fontalvo; y varias adicionales anunciadas por la Fiscalía General de la Nación en Cartagena, parecen ser un paso que lleva a muchas de estas personalidades intervenidas a un punto de difícil retorno, por no decir de no retorno.
Luego de 400 horas grabadas de sus conversaciones por celulares hechas por la Fiscalía, la que comenzó como una investigación por la elección posiblemente irregular de la contralora Distrital, tomó otras dimensiones insospechadas, comenzando porque las conversaciones muestran que el hermano de crianza del alcalde habría incurrido en la conducta de usurpación de funciones, punible por ley, al tomarse atribuciones que solo correspondían al titular de la cartera, según dijo el fiscal Martínez. Es decir, se confirmaría así con pruebas contundentes lo que de todos modos era vox populi y se daba por cierto en la ciudad.
La entidad informó que grabó muchas más horas de conversaciones, pero dio a entender que las 400 antes mencionadas son una carga de profundidad cuyo contenido compromete a muchas personas en muchas irregularidades distintas a la que sería la mera elección amañada de la contralora.
Sucesos como los que de nuevo atribulan a Cartagena son irreversibles, y tanto los entes acusadores como las defensas jurídicas de los implicados tendrán que culminar para definir estas incógnitas según la ley, pero importa mucho si la ciudad pudiera sacar lecciones de casos como estos para tener mucho más cuidado al elegir sus directivos futuros, evitando populismos de distintas tendencias ideológicas y sociales.
Los alcaldes de la ciudad deberían ser personas de cualquier estrato socioeconómico, pero muy preparadas, y que lleguen al cargo para trabajar por las comunidades y no para hacer negocios con sus microempresas electorales, que cada vez más, tienen la tendencia a ser macroempresas financieras.
Esperamos que todo este nuevo drama de Cartagena termine con el triunfo de una justicia sólida, que absuelva o condene ganándose el respeto de la ciudadanía.
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