En el país viene causando mucha consternación, por varios motivos, la futura APP para rescatar el galeón San José y su fabuloso tesoro, pecio que está en aguas del Caribe colombiano, muy cerca de la isla de Barú.
Las críticas van desde la poca participación de oferentes, lo que en la práctica podría resultar en una adjudicación a dedo de la APP, hasta las condiciones de esta, que permiten que quien rescate el tesoro se puede quedar con una parte sustancial de este siempre y cuando su porción no incluya bienes de interés cultural (BIC) para la Nación. En términos prácticos, el oro y las gemas que estén elaborados, bien sea como monedas u otros artefactos, calificarían como BIC, mientras los lingotes de oro u otros elementos preciosos no elaborados no entrarían en la anterior calificación y serían parte del pago de los rescatistas.
Quienes defienden este patrimonio histórico nacional argumentan, con razón, que todo lo que se encuentre en el San José es un BIC y debe ser de la Nación, y sus rescatistas deberían ser remunerados con dinero por el país.
Ahora el Gobierno, a través del Mincultura, decidió dejarle la decisión al gobierno entrante al volver a postergar el plazo para la postulación de interesados en la APP, que será el 23 de julio, y el 16 de agosto se conformará la lista de precalificados, para luego adjudicar el contrato. Concluye el documento de Mincultura que el aplazamiento es “(...) con el propósito de esperar que transcurra la coyuntura electoral y permitir la articulación del proceso con el Gobierno que se conforme”. No sabemos si esa sea una mera formalidad y que la APP de todos modos deberá adjudicarse, o si en verdad el nuevo presidente de Colombia tendrá campo y tiempo para maniobrar.
Sea como fuere, la medida es mucho mejor que adjudicar la APP ya y creemos que esta misma delicadeza y buen gusto del gobierno de Santos deberían ser extendidos a la posible salida de la Base Naval de Cartagena, y que sea el nuevo presidente quien también decida qué hacer en este caso.
Dudamos que haya un mejor lugar que Cartagena en todo el litoral Caribe para la Base Naval, dada la profundidad de nuestra bahía y lo protegidas que están sus aguas. Nos parecía excelente cuando el traslado sería a Tierrabomba, ya que las inversiones en un puente entre Bocagrande y esa isla le elevarían el nivel de vida a sus habitantes y abrirían una nueva frontera de desarrollo para Cartagena, pero ahora el Gobierno, sin decir que la descarta de tajo, no parece que cumplirá con esta opción, y además, se podría llevar la Base Naval de la ciudad, sin decir los sitios posibles del traslado dizque “por seguridad”, cuento que no se lo cree nadie.
No se sabe entonces si el afán del Gobierno es hacer un negocio inmobiliario para financiar el traslado de la Base Naval, o si quiere trasladar la Base Naval tan solo para poder hacer un negocio inmobiliario.
Estamos de acuerdo con que la decisión sea del próximo presidente de Colombia. Mientras tanto, Cartagena debe unirse para exigir que se quede en nuestra jurisdicción.
Comentarios ()