De la misma manera que la paz se hace con el enemigo -¡pues claro! -, frente a un gran desacuerdo nacional, como el que se evidenció en los resultados del plebiscito, lo que se impone es un “Gran Acuerdo Nacional” para preservar lo común y conciliar las diferencias de una sociedad dividida entre el Sí y el No.
Ese Gran Acuerdo debe ser “político”, en el mejor sentido de la palabra, es decir, no tienen cabida los cálculos electorales y debe buscar un común denominador, que lo hay en torno a los valores democráticos: el Acuerdo sobre lo Fundamental a que se refería Álvaro Gómez.
Ese gran pacto nacional es mejor blindaje que la constituyente exigida por las Farc inicialmente, o que la incorporación del Acuerdo al bloque de constitucionalidad. Así lo fue en 1957, cuando un gran pacto político previo permitió salir del plebiscito al Frente Nacional sin traumatismos. En 1992, solo la existencia de un pacto político permitió aprobar un proyecto, liderado por Álvaro Uribe, para contener una intentona por desconocer la amnistía para el M19, que había incluido hasta los delitos atroces del Palacio de Justicia, cuando ello era posible porque no existían el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional.
No obstante, hay 2 peligrosos atajos. El primero responde a una posición inicial del Gobierno según la cual todo se limitaría a algunos ajustes y precisiones al Acuerdo Final. De semejante afirmación se deriva que no habría diferencias sustanciales entre el SÍ y el NO, y en consecuencia, todo este desencuentro fue solo por asuntos cosméticos. Así las cosas, ese nuevo Acuerdo Final maquillado podría ser renegociado rápidamente con las Farc y sometido a un nuevo plebiscito.
El segundo camina por la vía de las demandas contra el plebiscito y, sobre todo, contra el Acto Legislativo para la Paz, una de las cuales persigue la inexequibilidad del artículo 5º, que supedita su vigencia a los resultados del plebiscito. Si la Corte declara inexequible ese artículo y deja vivo el resto del Acto Legislativo, en la práctica estaría resucitando completo el Acuerdo Final, y el Gobierno tendría las manos libres para implementarlo vía fast track. De paso, el plebiscito habrá sido una enorme pérdida de recursos, tiempo y energías de los colombianos, y el triste expediente para pasar de la polarización a la ruptura total del país.
Cualquiera de estos 2 atajos ofende el más importante de los valores democráticos: el voto y el valor de sus mayorías, y es, por definición, un camino corto, pero no hacia la paz sino hacia un verdadero cisma nacional, sin precedentes y de consecuencias impredecibles, en medio de una coyuntura económica difícil, sobre todo si se pretende emprender la transformación profunda del campo como base para aclimatar la paz.
El Gran Acuerdo Nacional debe permitir una salida digna y segura para las Farc; pero también una salida digna y con futuro para el país. Hay que proteger a las Farc, pero también hay que proteger los valores democráticos, entre ellos el voto y la integridad constitucional, pues la Carta no puede ser sustituida por 297 páginas de acuerdos entre el Gobierno y las Farc, con los que más de la mitad del país estuvo en desacuerdo.
@jflafaurie
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