Hace dos días la policía acudió al llamado de la comunidad de Henequén que se quejaba por el ruido excesivo de un baile de picó que intranquilizaba a los habitantes de un sector del barrio, ya desesperados por el ruido.
Al llegar, los agentes del orden pidieron bajar el volumen del equipo, pero apenas se fueron, los organizadores del baile lo volvieron a subir y los quejosos de nuevo llamaron a los agentes, que regresaron, pero esta vez a apagar el equipo de sonido, como dictamina el Código de Policía, y ahí se armó la trifulca en la que murió un joven del barrio y hubo varios heridos, entre ellos un policía.
En la llamada Zona U de la ciudad, cerca de La Castellana, el Distrito clausuró varios bares no solo por estar metidos en un área residencial, sino porque eran fuente permanente de ruido y muchos de sus clientes con frecuencia incurrían en comportamientos socialmente indeseables, degradando la calidad del área residencial.
En la avenida 3a de Bocagrande pasa algo similar. Es un área netamente residencial pero inexplicablemente se les otorgó permiso a tres bares que no solo no deberían estar allí, sino que no tienen escrúpulos para hacer ruido toda la noche y la madrugada, impidiendo que la gente de las casas y edificios aledaños puedan descansar, a pesar de que llegaron primero al barrio confiados en que era un área residencial y por eso se mudaron allí y pagan los impuestos correspondientes, pero tampoco se les garantizó la seguridad jurídica.
En el Centro Histórico hace pocos días, las autoridades sellaron un establecimiento de entretenimiento, pero por la noche, sus propietarios quitaron el sello y operaron el negocio toda la noche y hasta parte de la mañana, con sus equipos de sonido a todo volumen, en un acto de soberbia, descaro y desprecio por la institucionalidad. Mientras tanto, sus vecinos, impotentes, tuvieron que soportar este abuso que hasta donde sabemos, sigue impune y sin garantías de que no se repita.
¿Qué pasa en Cartagena que en casi todos los estratos parece haber muy poco respeto por las instituciones y por las normas? ¿Por qué cualquiera se siente empoderado para mandarlas al diablo y hacer lo que se antoje?
Hemos aventurado varias veces la teoría de que falta mucha autoridad, y que no se le puede endilgar esta falencia al alcalde de turno, sino a casi todos los que le antecedieron, quizá porque las normas siguen en limbo colonial del “Se obedece pero no se cumple”, frase que las autoridades soltaban al llegar una orden de España dos o más años tarde para solucionar un problema que ya había sido arreglado por las autoridades locales a la brava, y la orden real ya era tardía e ineficaz.
Sea como fuere, urge buscarle una solución colectiva a esta actitud multiestrato que permite actos repetitivos de desacato a las normas, a veces con tintes bárbaros, que nos impide vivir en comunidad de manera civilizada. Divulgar más el Código de Policía y hacerlo cumplir parece ser un buen comienzo.
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