Justicia y corrupción

06 de febrero de 2018 12:00 AM

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Justicia: “1. f. Principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece”; “4. f. Aquello que debe hacerse según derecho o razón”.

Ambas definiciones las trae el Diccionario Real de la Academia Española. Una palabra de ocho letras que últimamente, junto a ‘corrupción’ son de las más escritas en periódicos locales y nacionales.

Corrupción, según la RAE, es, “en las organizaciones, especialmente en las públicas, (la) práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”.

Son muchos los que en Colombia piden justicia, especialmente las víctimas, así como son muchos los corruptos, lamentablemente la mayoría funcionarios, y  lo más triste, es que han  entrado a esa lista un ex fiscal Anticorrupción y algunos magistrados, ‘padres’ de la justicia.

Para que la gente empiece a creer en la justicia es necesario que se erradique la corrupción, que cada una de las instituciones, fundamentalmente las ‘ías’, cumplan la misión para la que fueron creadas. Sin embargo, pareciera que la corrupción arropa a una Justicia que no puede salir a flote cuando debe ser administrada.

Volvamos a la RAE: administrar justicia es “aplicar las leyes en los juicios civiles o criminales, y hacer cumplir las sentencias”. ¿Cómo no escandalizarse cuando la policía captura con pruebas a un criminal y al poco tiempo está nuevamente en la calle cometiendo sus fechorías?

Un ejemplo claro es el caso de Juan Carlos Sánchez, el ‘Lobo Feroz’, quien habría violado a más de 500 menores en la Costa y que fue capturado otra vez -estuvo detenido más de tres veces- cuando gozaba de libertad pese a ser sindicado de tan abominables crímenes.

En Cartagena, la corrupción no ha dejado que la ciudad tenga, hace varias administraciones, alcaldes que cumplan el tiempo que manda la ley para ejecutar un plan bien pensado y necesario contra la pobreza.

Tranquiliza, por lo menos, saber que la Fiscalía actúa no solo contra los políticos y sus adláteres que habrían cometido hechos de corrupción en la Heroica, sino también contra los constructores ilegales.

Es lamentable y vergonzoso conocer que el principal responsable del desplomado edificio del barrio Blas de Lezo donde murieron 21 personas y 22 más quedaron heridas, se haya fugado de su casa desde diciembre, donde permanecía con el beneficio de casa por cárcel.

Sin duda, es una burla más a la Justicia (sobre todo a los familiares de las víctimas), a la que se le suma a una sensación de improbidad. 

 

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