Teóricamente, las condenas judiciales cumplen dos objetivos: castigar a quienes hayan cometido delitos y hayan perjudicado a otras personas, y propiciar rehabilitar a estas personas, resocializarlas y reinsertarlas a la sociedad como ciudadanos que se equivocaron en la vida, y a quienes se les da una oportunidad de enmendar sus errores. En el sistema carcelario colombiano no se cumple ni por asomo el segundo objetivo, y en la mayoría de los casos ni siquiera el primero.
Todo empieza a fallar en la etapa de investigación y juzgamiento, pues a las tremendas imperfecciones e ineficacia de nuestra justicia hay que agregarle la corrupción que ha permeado a algunos fiscales y jueces, de manera que muchos delincuentes actúan en la mayor impunidad porque tienen recursos con los cuales sobornar a quienes les corresponde investigar y probar su conducta criminal, o a quienes tienen la delicada misión de juzgarlos y hacerles pagar sus fechorías.
Demasiados asesinos, a quienes se les ha comprobado su culpabilidad, son declarados inocentes en aquellos estrados judiciales cuyos funcionarios han vendido su conciencia por una cierta cantidad, proveniente la mayoría de las veces de actividades fuera de la ley. Y otros tantos, condenados a 40 años o más, escasamente cumplen 10 años o menos, en virtud de la enorme cantidad de beneficios de rebaja de penas a consecuencia de actividades cumplidas, más con el propósito de eludir el castigo que por la convicción auténtica de rehabilitarse.
Un ejemplo patético de ello es el de Christopher Chávez, el hombre de 42 años acusado de haberle disparado y asesinado a los cuatro menores en Florencia (Caquetá), quien había sido condenado a 40 años de prisión por violar y asesinar a una mujer, pero no cumplió ni siquiera diez años detenido gracias a las rebajas acumuladas de penas, y de quien la justicia se desentendió, omitiendo asegurarse de que no salía a las calles a repetir su conducta criminal.
En el caso de Chávez, no solo no funcionó la resocialización, pues en esos diez años no aprendió un oficio del que pudiera vivir honestamente, sino que la pena a que se hizo acreedor ni siquiera tuvo el efecto disuasivo que se supone tienen las condenas judiciales, de futuras conductas criminales.
Sería bueno que en el debate público de nuestro sistema judicial y carcelario se tengan estadísticas sobre la cantidad de criminales que no cumplen su condena completa por los beneficios de rebaja de penas y cuántos de ellos reinciden.
Con el estado deplorable de nuestras cárceles, pensar en rehabilitar y resocializar es una utopía. Hacinados y expuestos a los peligros de la vida carcelaria, los internos no aprenden los valores de la convivencia y la compasión, sino, por el contrario, se hacen más diestros en las tácticas delincuenciales, de manera que al salir son egresados de una especie de postgrado del crimen.
Para empezar a volver eficaz nuestro sistema carcelario hay que fortalecer nuestro sistema de justicia.
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