Aunque toda corrupción es condenable, la peor forma de corrupción en nuestro país es aquella en que se juega con la salud y la vida en general y de los niños en particular. Y eso es lo que ha sucedido con la alimentación escolar, para lo cual se tejieron poderosas redes que controlaban el millonario negocio y tenían a los menores sometidos a unas raquíticas raciones, muchas de ellas con alimentos en mal estado que lo ponían en peligro.
Pese a que la mayoría de estas redes criminales fueron descubiertas en La Guajira y en otros departamentos de la Costa Caribe, de ello no se salvan otras regiones en donde también se han descubierto contratos irregulares con organizaciones de fachada que no demostraron su experiencia en el área ni certificaron su salud financiera.
Las empresas de fachada se fundaron para quedarse con cuantiosos recursos a costa de la nutrición de los infantes, y en ellas están implicados generalmente funcionarios locales, que deberían ser inmediatamente destituidos y encarcelados, como ocurrió con el alcalde de Aguachica. Es preciso que a los culpables de semejante crimen se le aplique sin contemplaciones la ley para que tal hecho no se repita.
A juzgar por lo visto en los restaurantes de las escuelas públicas, la alimentación escolar es una verdadera galería de horrores, donde se puede detectar desde comida en mal estado hasta cubiertos sucios o locales inapropiados para manipular alimentos, al que afortunadamente, la Contraloría General puso su tatequieto con una investigación profunda que sacó a la luz pública muchas particularidades de tan próspero negocio, que se desarrolló amparado en la falta de control a los contratos suscritos por los municipios, basados en la descentralización mal entendida. Es inexplicable que los organismos locales de control no se hayan percatado de tal práctica sistemática, de la que se enriquecían empleados que hasta hacía poco tiempo ganaban exiguos salarios en las administraciones locales de vastas regiones. Los operadores del Plan de Alimentación Escolar (PAE) convirtieron este programa en un foco de corrupción, gracias a la complicidad de muchos funcionarios y a la falta de capacidad o connivencia de los organismos de control locales, que apartaron la mirada mientras esto sucedía.
Es necesario que las investigaciones sobre la corrupción con las raciones escolares llegue a término y que los culpables sean castigados ejemplarmente. Este asunto debe llevarse a los estrados judiciales hasta esclarecer lo sucedido y que los criminales que usaron la alimentación escolar para llenarse de dinero, devuelvan lo apropiado ilícitamente.
También es importante que se establezcan mecanismos de control en los municipios para que no se repitan los hechos.
Lo que es de los niños es aún más sagrado.
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