En Cartagena estamos ocupados con asuntos múltiples, muy importantes por cierto, como los 16 edificios ilegales e irregulares estudiados por la Universidad de Cartagena, la que halló que ninguno cumple la norma obligatoria llamada de sismorresistencia (ley NSR10, de 2010), pero que abarca todos los demás criterios estructurales de ley para construir un edificio; con los 61 edificios adicionales posiblemente irregulares identificados por la Procuraduría General de la Nación; y con los acontecimientos que llevarán eventualmente a las elecciones atípicas, terminando así la interinidad en la Alcaldía de Cartagena; mientras todo eso, y más, ocurre, nos hemos descuidado con el traslado de la Base Naval de Cartagena, es decir, con detenerlo.
El estudio de la pobreza en Cartagena y sus soluciones, de Meisel y Ayala (Banco de la República), establece inversiones, números y tiempos para reducir la desigualdad, pero a nadie se le ha ocurrido tener en cuenta el impacto, o mejor, el retroceso para la ciudad, de que se vaya la Base Naval de la economía local. Sería un golpe enorme.
Nos llegó a través de un tercero un análisis del impacto económico de la Base Naval en la ciudad, hecho por el capitán de corbeta (R) de la Armada de Colombia, el bogotano Manuel Mogollón Uribe, que según nuestra fuente vive en Estados Unidos, con datos como los siguientes: el presupuesto del 2018 de la Base Naval, de funcionamiento y salarios, es “(...) de $113.547 millones, de los cuales el 83,9 % ($95.246 millones) son invertidos en la economía cartagenera”; el impuesto predial y automotriz le cuesta a la Base Naval $9.446 millones anuales, el 37,7% del presupuesto de funcionamiento de la Base; emplea a 2.530 (personal civil y militar) y “(...) el impacto incremental de empleos generados por la Base en Cartagena es de 10.514, para un total de 13.044 empleos”; los militares y civiles de la Base gastan “(...) $74.753 millones de sus salarios en la economía local, que, con un efecto multiplicador de 4,436, genera entradas a la economía de Cartagena de $406.350 millones”; la Base, “(...) incluyendo gastos de funcionamiento y salarios inyecta $477.369 millones a la economía de Cartagena, lo cual es el 2,2 % del PIB de Cartagena”.
Estos guarismos del estudio dejan claro que la ciudad no puede dejarse dar ese golpe bajo del Gobierno nacional de llevarse la Base Naval y que debemos impedirlo a toda costa. Nuevamente instamos a todos los sectores de la ciudad, cívicos, políticos y privados, a trabajar juntos por esta causa importantísima para Cartagena.
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