Hace pocos días publicamos en El Universal la queja de unos vecinos en el barrio Bosques de la Circunvalar porque un negocio de restaurante no los deja dormir durante los fines de semana cuando se convierte en “terraza bar”, por el altísimo volumen de la música. Dijo la persona que representó a los vecinos que se quejaron, que “A partir del viernes funciona el bar y eso es música a alto volumen viernes, sábado y domingo. No respetan horarios, ni la presencia de adultos mayores y niños estudiantes. A los vecinos nos toca encerrarnos los fines de semana para tener un rato de paz (...)”
Los propietarios son amables para oír las quejas pero siguen haciendo el ruido que les da la gana, y cuando los vecinos llaman a la Policía y esta acude, bajan el volumen mientras está allí la patrulla y luego lo vuelven a subir. El dueño del establecimiento dice que tiene todos los permisos y que “Solo nos quedamos hasta las dos de la madrugada el sábado porque tenemos que compensar el pago del arriendo del local. El domingo cerramos temprano”.
Esta situación se repite casi idéntica en la mayoría de los barrios de Cartagena en donde los propietarios de los establecimientos que hacen ruido utilizan una lógica perversa, la suya propia, que es la que les conviene y dejan de lado los intereses colectivos y la ley.
En primer lugar, ningún permiso es para poder hacer ruido. Los decibeles permitidos los establece la ley para cada área, desde las urbanas hasta las rurales, y no dependen de la falsa “benevolencia” de quienes hacen el ruido. Estos, por motivos siempre egoístas, creen poder hacer ruido por encima de los derechos de los demás. En el caso de Bosques de la Circunvalar quien hace el ruido se cree con derecho a hacerlo para poder pagar el arriendo.
Este es un razonamiento falaz, porque si tiene que violar los derechos de los demás y las normas de ruido para pagar el arrendamiento, sencillamente se equivocó de negocio. Los vecinos no tienen que estar agradecidos por oír menos ruidos dos días del fin de semana y mucho ruido el sábado, sino que tienen derecho a no oír absolutamente ningún ruido perturbador ninguno de los días estando dentro de sus casas o en sus terrazas y patios. El silencio no es un favor que les hacen, sino un derecho inviolable que tienen.
En la Carrera 3 de Bocagrande, en el otro extremo de la ciudad en distancia y en estrato socioeconómico ocurre algo similar. Los vecinos no pueden dormir por cuenta de dos o tres bares entre La Mansión y el restaurante Árabe, y aunque el ruido disminuyó algo, siguen siendo perturbados por este, que legalmente no tienen por qué oír, así a rajatabla, porque aquí también deberían aplicarse las normas para el bien colectivo en vez de torcerlas para beneficio particular.
Con solo seguir las normas se evitarían muchos atropellos y sinsabores infligidos a la comunidad por particulares abusivos. Las autoridades pertinentes tienen la obligación -así, sin áreas grises- de hacer cumplir la ley al pie de la letra para que los infractores no se sigan burlando de ella.
Este es un razonamiento falaz, porque si tiene que violar los derechos de los demás y las normas de ruido para pagar el arrendamiento, sencillamente se equivocó de negocio.
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