El llamado Corredor de Carga, o Concesión Vial (o “Corredor de acceso rápido a la variante de Cartagena”), funciona a base de peajes para recuperar sus inversiones. Este esquema, que se inició en 1999, es altamente impopular porque los peajes urbanos son mucho más combatidos que los rurales, y normalmente las vías en las ciudades son libres; cuando no lo son, debería existir una alternativa gratis para llegar al mismo sitio, lo cual no es el caso en el Corredor.
Hay que decir que esta alternativa de expansión vial fue y sigue siendo una gran solución para la ciudad porque desembotelló una zona que ya hace 20 años tenía un tráfico insoportable. Sería mucho mejor si las autoridades metieran en cintura a los patios de contenedores aledaños, que con todo descaro usan las calzadas del Corredor como área particular de maniobra, causando graves trancones. La mayoría no ha pavimentado sus patios, así que cada vez que llueve, las calzadas, especialmente las de entrada, se llenan de fango, volviendo muy peligroso este tramo y perjudicando a los particulares que pagan por usar una vía limpia y no obtienen este beneficio. Pero nadie le ha puesto un tatequieto a estos abusos y sería bueno saber por qué.
Según la Concesión, aún le falta operar el Corredor hasta octubre o noviembre de 2020, y según un informe de dos funcionarios de la Contraloría local, la concesión se venció el 20 de enero pasado y sus operadores estarían debiéndole dinero al erario por haber operado más tiempo del estipulado y cobrado más dinero del que les correspondía.
Los hechos dieron un giro inesperado al ser acusado un funcionario de la Contraloría local de exigir 250 millones de pesos para “arreglar” el problema, es decir, hacer que la concesión pudiera llegar hasta el plazo que sus operadores reclaman. Estas son unas acusaciones gravísimas de cuyos resultados ante la ley está atenta la ciudadanía.
Pero esta discrepancia entre Contraloría local y Concesión Vial no debería existir, ya que los números no pueden mentir a menos que sean manipulados, y se puede calcular todo con exactitud para determinar quién tiene la razón.
Estamos de acuerdo con la propuesta de algunos concejales de buscar un tercero imparcial, cuyo criterio esté por encima de cualquier duda, para que defina de una vez por todas esta disputa que no debería existir, precisamente porque las matemáticas no pueden dejar campo para las dudas. Y luego, quien haya mentido debería ser sancionado con severidad.
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