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Motos
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La construcción bajo la lupa

El proyecto Aquarela merece ser detenido no solo por la falta de sentido común en haberle otorgado los permisos estando tan próximo al fuerte de San Felipe y conociendo los funcionarios locales y nacionales las exigencias de ser ciudad Patrimonio de la Humanidad, sino por las leguleyadas que pudieron haber permitido otorgar las licencias.

Estamos más que de acuerdo con que sea demolida la torre adelantada y que no se hagan las demás porque son unos adefesios en ese lugar, pero queda la pregunta que exige la realidad y otra vez, el sentido común. Si las torres obtuvieron permisos de las autoridades, y si no se llegara a demostrar que hubo cualquier actuación formalmente ilegal o impropia para obtener la documentación, los constructores de Aquarela demandarán al Distrito por no cumplir con su obligación al haber otorgado permisos y licencias, y si este perdiera la demanda tendría no solo que pagar lo que ha costado construir la torre que se demolería, sino las expectativas de utilidad de todo el proyecto, incluyendo los edificios no construidos.

Y por otro lado están los compradores de los apartamentos, quienes no tienen ninguna responsabilidad y actuaron de buena fe al invertir allí sus ahorros, muchos seguramente con grandes sacrificios y expectativas. Probablemente a muchos se les podrá devolver el capital más los intereses que este hubiera producido, pero ¿de dónde saldrá todo este dinero y quién responderá por él?

Recurriendo de nuevo al sentido común se podría pensar que si el Estado permitió avanzar el proyecto Aquarela contra toda lógica es el mismo Estado el que tiene que responder, y también poner a responder a los funcionarios que fueren hallados culpables de cualquier mala actuación.

La responsabilidad estatal por dar los permisos y luego por no verificar que estuvieran bien otorgados ni controlar la calidad de las obras ni sus características según lo autorizado, es similar a la del edificio caído en Blas de Lezo y quizá a la de muchos otros que están mal construidos, con licencias dudosas o con características distintas a las autorizadas, como el ya famoso edificio de Bocagrande recién sellado y que a pesar de ello seguía en construcción.

No se puede suponer que toda la construcción en Cartagena es irregular y mucha habrá que examinarla caso por caso, pero sí se necesitan respuestas a los anteriores interrogantes y también hacer una reingeniería normativa para las construcciones aquí y quizá en todo el país, juzgando por las famosas torres Space, demolidas en Medellín por no cumplir con las normas mínimas de ingeniería.

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